03 Octubre de 2022 16:59
Nicole Peña de 29 años fue reportada como desaparecida el 23 de diciembre de 2021 en la localidad bonaerense de General Pirán. Tres días después, su femicida y ex pareja Juan Marquestau quien tenía una orden de restricción hasta abril del 2022 por violencia de género, se comunicó con la Policía y confesó el crimen.
El cuerpo de la víctima se encontró semidesnudo y atado de pies y manos en un aljibe del campo en el que ambos habían trabajado. Según informó la autopsia, Peña estaba con vida cuando la tiraron hacia el aljibe, motivo por el cual se dictaminó que murió ahogada. Gracias a la declaración de los testigos, se pudieron encontrar objetos de la víctima, como su bicicleta, que guiaron a los agentes policiales a encontrar el cuerpo. El femicida quedó detenido por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)”.
Desde comienzos de septiembre Marquestau fue duramente atacado en redes sociales ya que sus videos "festejando" con amigos desde la cárcel generaron indignación. Pero así como lo han hecho distintos penitenciarios, en esta ocasión, el femicida subió un video a su perfil de Tik Tok, en el cual saluda a todas sus "amigas" y les manda un saludo mientras se baña.
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"Hola chicas, seguidoras, ¿Cómo les va? Me estoy por dar un baño. Soy medio vergonzoso, pero bueno. Quiero mandarles un saludo a todas las amigas, a las que me siguen”, expresó el asesino de Nicole Peña.
Si bien al enterarse de la situación, los fiscales Ramiro Anchou y Diego Benedetti enviaron un oficio al director de la Unidad Penal para que le retuvieran el celular, basándose en la ley, este pedido es controversial. Por un lado, la ley aprueba que los presos puedan tener el celular, únicamente con motivos de comunicarse con sus familiares e incluso está prohibido usarlo en pabellones, pasillos, espacios educativos, laborales y cualquier ámbito que no sea de alojamiento. Pero por otra parte, solamente está permitido quitarles el celular en casos de que el celular se utilice para cometer delitos penales.
Femicidas y las redes sociales
Pablo Víctor Cuchán de 43 años fue condenado en octubre del 2004 a 17 años de prisión por haber descuartizado y quemado a una adolescente de 15 años en su casa en la localidad de Ingeniero White en Bahía Blanca. En el año 2016 y con la excusa de "buena conducta", Cuchán recibió la libertad condicional. 
Pero ante esta situación, y como en la mayor parte de los casos, la reinserción social no fue precisamente agradable. Si bien para gozar plenamente del beneficio de la libertad condicional, tenía que cumplir con las reglas de no consumir alcohol ni drogas, fijar un domicilio, no ausentarse sin aviso por más de 24 horas, conseguir trabajo y presentarse cada 15 días ante el tribunal, Cuchán se involucró en nuevos episodios delictivos.
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En el 2017, Pablo fue denunciado por parte de quien era en ese entonces su pareja, quien lo acuso de ejercer violencia de género para con ella. Un año después de esta denuncia, que no tuvo relevancia para la policía de la ciudad, el femicida abrió una cuenta de Tinder con la finalidad de conseguir pareja, pero fue acusado de enviar mensajes desubicados.
En el año 2019, Cuchán intentó abusar sexualmente de una joven que estaba arriba de su auto. La mujer denunció que tuvo que tirarse del auto para evitar ser besada por él. Acto seguido a esta secuencia, Cuchan quien obviamente abandono la escena, salió a toda velocidad y chocó.
Ante este hecho, fue detenido por la policía y se negó a ser sometido a los controles de alcoholemia y toxicológicos obligatorios. Semanas después, y tras cumplirse los 17 años de su condena, el femicida fue liberado ya que "no podría tener ninguna regulación o control por parte del Estado. Podría vivir en cualquier lugar", confirmó su abogado.
