Tercer round
27 Abril de 2026 13:03
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una recusación contra los jueces Víctor Pesino y María Dora González, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo con el argumento de que ambos magistrados incurrieron en "prejuzgamiento" al emitir un fallo que dejó sin efecto una medida cautelar que se dictó para suspender la aplicación de cerca de 80 artículos de la controvertida ley de reforma laboral.
La presentación, realizada por el abogado de la CGT, Pablo Topet, sostiene que los jueces "prejuzgaron al dictar el fallo". Además, se señala que el juez Pesino habría recibido "un beneficio de importancia por parte del Estado Nacional".
En este contexto, se solicitó la nulidad de la sentencia: "La resolución que se recurre carece de todo fundamento", argumentaron desde la CGT. El fallo en cuestión, emitido el jueves pasado por Pesino y González, reactivó los artículos suspendidos por la medida cautelar.
Sin embargo, lo que desató mayor polémica fue que, al día siguiente, el Gobierno remitió al Senado un pedido para extender por cinco años el mandato del juez Pesino, quien está próximo a cumplir los 75 años, edad máxima permitida para ejercer funciones judiciales según la Constitución Nacional.
En su escrito, la CGT calificó esta situación como una "inaceptable intervención" y afirmó: "La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva", expresaron contundentes en el escrito.
Asimismo, la central obrera cuestionó el accionar del Estado Nacional en este caso: "No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional", señalaron. Recordaron además que el Gobierno había aprobado previamente en el Congreso la transferencia del fuero laboral y prometido no enviar nuevos nombramientos de jueces para dicho fuero al Senado.
En cuanto a las críticas al fallo, desde la CGT subrayaron que los jueces omitieron justificar razonablemente su decisión: "Lo que han omitido es fundar la decisión de manera razonable, distinto hubiera sido que indicasen qué artículos consideraban debían ser 'aplicados' y cuales 'cautelarmente convalidar que eran inaplicables'. Omisión y prejuzgamiento, confluyen en la descalificable sentencia, por lo que no se ha realizado y por haber adelantado criterio sobre el fondo de la cuestión debatida como pretensión", argumentaron.
La central sindical también manifestó su preocupación por las implicancias sociales del fallo: "La desazón que provoca que 'jueces con especial versación laboral' consideren que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley", afirmaron en su presentación. Además, destacaron que los derechos laborales son de "naturaleza alimentaria" y que debió haberse aplicado la excepción prevista en la ley de medidas cautelares contra el Estado.
Ante esta situación, la central obrera anunció que llevará el caso a instancias superiores. Reiteraron su intención de habilitar el planteo federal para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y advirtieron que también recurrirán ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe recordar que los artículos suspendidos por la medida cautelar y ahora restituidos por el fallo incluyen disposiciones sobre temas como la Ley de Contrato de Trabajo, libertad sindical, reducción de montos indemnizatorios, pago en cuotas de indemnizaciones y restricciones al derecho a huelga, entre otros. Estos puntos habían sido objetados por la CGT desde el inicio del amparo porque vulneran derechos laborales fundamentales.
