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30 Marzo de 2026 14:17
El juez Raúl Ojeda del fuero laboral tomó una decisión que promete ser un punto de inflexión en el debate sobre la polémica reforma laboral. En respuesta a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el magistrado dispuso la suspensión provisoria de varios artículos clave de la Ley 27.802, una normativa que, según los gremios, amenaza con desmantelar derechos laborales históricamente conseguidos.
En su resolución, el juez Ojeda argumentó que se cumplían los requisitos necesarios para dictar una medida cautelar, señalando que existía "una apariencia razonable" en el derecho invocado por la CGT y, en la misma línea, explicó que en esta instancia no se requiere una certeza absoluta sobre la existencia del derecho, sino simplemente la comprobación razonable de su posible afectación.
Así las cosas y con este razonamiento fue suficiente para que se paralizara, al menos temporalmente, la implementación de varios artículos de la reforma. La CGT, había presentado una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la reforma laboral, denunciando que esta incluía "modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores", alegando que el gobierno de las fuerzas del cielo vulnera principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, como la protección del trabajo, la libertad sindical y el principio de progresividad.
Es por eso tal vez que el magistrado no fue indiferente a estas preocupaciones y en su fallo, enfatizó que las normas cuestionadas podrían generar una "desprotección" de los trabajadores y limitar derechos esenciales como la libertad sindical y la acción colectiva.
"La intervención de este Poder Judicial independiente es necesaria justamente para garantizar la división de poderes", afirmó Ojeda en uno de los pasajes más destacados del documento. Y contundente expresó: "Esa función debe ejercerse siempre y cuando se respete la Constitución Nacional".
El juez también avaló la legitimidad de la CGT para liderar esta acción colectiva, reconociendo su capacidad para representar a los trabajadores en un caso que involucra derechos colectivos: "La central sindical posee legitimación activa para este tipo de planteos", sostuvo Ojeda, reforzando así el papel de los sindicatos como contrapeso en un contexto de motosierra a los derechos laborales.
Uno de los puntos más relevantes del fallo es la referencia al principio de progresividad en materia de derechos laborales que establece que cualquier cambio normativo debe garantizar avances en los derechos sociales y laborales, y no implicar retrocesos injustificados. Aunque el Congreso tiene facultades constitucionales para modificar leyes, el juez advirtió que dichas reformas deben ajustarse a estándares constitucionales.
Desde el Ejecutivo Nacional a cargo de Javier Milei, no tardaron en manifestar su rechazo a la decisión judicial. En su defensa, argumentaron que la Ley 27.802 había sido sancionada en pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Congreso y que su suspensión temporal podría afectar gravemente el interés público. El Gobierno incluso denunció que esta medida implicaba "una indebida interferencia en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo".
Sin embargo, el juez Ojeda fue tajante al sostener que el objetivo de la medida cautelar es "preservar la situación existente hasta tanto se dicte una sentencia definitiva". En otras palabras, evitar cualquier daño irreversible mientras se resuelve el fondo del asunto. "La cautelar busca evitar la concreción de situaciones jurídicas irreparables", subrayó.
Los y las trabajadoras miran con atención cómo se desarrolla este conflicto judicial y político. La CGT dio un paso adelante en defensa de sus derechos, pero la batalla está lejos de ganarse.
