Se terminó la paciencia
22 Septiembre de 2025 13:12
La gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa enfrenta una de sus mayores crisis políticas y administrativas, mientras se intensifica el conflicto en Coviara, la empresa constructora de la Armada. A partir del 22 de septiembre, los trabajadores iniciaron un paro de 72 horas para exigir soluciones ante la crítica situación laboral que atraviesan, marcada por salarios adeudados, condiciones laborales precarias y la incertidumbre sobre el futuro de sus puestos. El conflicto, que ya tuvo un antecedente en julio, es inédito en los 60 años de historia de la empresa.
Luis Rodríguez, delegado sindical y parte del equipo de la Secretaría de Convenios Colectivos de ATE Nacional, brindó un crudo panorama sobre la realidad que enfrentan los 28 empleados de Coviara: "Hoy comienza una medida de fuerza de 72 horas. Esto es producto de una serie de situaciones que vienen desde hace meses: falta de pago del salario, cargas sociales impagas, y el no saber qué va a pasar con ellos. Es una situación inédita en la administración pública nacional", afirmó.
El conflicto en Coviara se intensificó significativamente bajo la administración de Petri. Según fuentes internas, la empresa pasó de registrar un leve superávit a acumular una deuda superior a los 1.200 millones de pesos con proveedores. Mientras tanto, los trabajadores enfrentan atrasos salariales que ponen en riesgo su subsistencia diaria.
Rodríguez fue contundente al describir las condiciones: "No cobrar el salario implicaba también el no pago de la obra social, el no pago de los aportes jubilatorios, todo lo que conlleva no cobrar tu sueldo al día. Nos encontramos con trabajadores que no podían cargar la SUBE para venir a trabajar. Uno incluso tuvo que pedir licencia porque no tenía dinero para transportarse".
A esto se suma la incertidumbre generada por un proceso de transformación del ministro Federico Sturzenegger que convirtió a Coviara en una sociedad anónima, sin que se informara a los empleados sobre las implicancias de este cambio. Rodríguez denunció que los trabajadores fueron notificados el pasado 25 de agosto para decidir si aceptaban abandonar sus puestos y ser reubicados, pero sin detalles claros sobre las condiciones: "Fue todo muy raro. Les dieron un memo un viernes para que el lunes entregaran su decisión. Querían que manifiesten por escrito su voluntad de ser trasladados o removidos. Subestimaron completamente a los trabajadores", señaló.
El delegado sindical también apuntó directamente contra la gestión de Petri y el directorio actual de Coviara, calificándolos de insensibles e inhumanos: "La falta de humanidad de parte del directorio es patética. Hay una compañera que no puede pagar sus medicamentos por esta situación. Es perverso", dijo Rodríguez, quien además cuestionó a Catalino Alcides Bertucci, militar en actividad que forma parte del directorio: "Nos cuesta creer que alguien en esa posición pueda ser tan deshumano".
La situación laboral crítica no es el único frente abierto para Petri en el Ministerio de Defensa. Rodríguez recordó también el estado de devastación en el que se encuentra IOSFA, la obra social del personal militar: "La obra social está quebrada. La agarraron con superávit en 2023 y hoy tiene una deuda de más de 200.000 millones de pesos. Clínicas y hospitales dejaron de atendernos por falta de pago. Es otro ejemplo más de la mala administración del ministro", denunció.
A pesar del panorama desalentador, Rodríguez destacó la organización y resistencia de los empleados como un punto clave para enfrentar esta crisis: "Los trabajadores rompieron con prejuicios históricos y entendieron que el sindicato es una herramienta para defender sus derechos", explicó. Según el delegado, desde abril lograron afiliar a más del 50% del personal y presionar para que se pagaran salarios atrasados correspondientes a enero, febrero y marzo.
Sin embargo, los problemas persisten. Los trabajadores aún no recibieron los pagos correspondientes al mes de agosto, lo que llevó a organizar esta nueva medida de fuerza: "Los compañeros están con mucha bronca. Están saturados emocional y económicamente. Algunos ya están con licencias por estrés o problemas psiquiátricos. Esta medida de 72 horas es contundente porque están cansados del manoseo", afirmó Rodríguez.
Desde ATE exigen respuestas inmediatas por parte del Ministerio de Defensa, incluyendo el pago total de salarios adeudados, garantías sobre la continuidad laboral y un freno a las políticas de ajuste implementadas en Coviara. Sin embargo, según Rodríguez, el diálogo con las autoridades ha sido prácticamente inexistente: "Desde abril estamos pidiendo audiencias con Petri, pero nunca respondió. La dirección de Coviara también mantiene un mutismo total".
El delegado sindical también cuestionó las motivaciones detrás del proceso de transformación de Coviara en sociedad anónima: "Creemos que esto tiene más que ver con los bienes que posee la empresa: más de 1.700 viviendas, edificios y lotes. Hay un patrimonio económico importante ahí, y parece que eso es lo único que les interesa", señaló.
El paro actual representa un momento crítico tanto para Coviara como para la gestión de Petri, cuya administración ya enfrenta cuestionamientos por otros frentes sensibles, como la posible caída del proyecto para adquirir aviones F-16 y los problemas financieros en diversas áreas del Ministerio además de la filtración de audios en los que se cuestiona a la cabeza la obra social IOSFA por sobreprecios y desfinanciación sobre todo para pacientes oncológicos.
Luis Rodríguez fue categórico al evaluar la gestión del ministro: "La administración de Luis Petri es desastrosa. Estamos esperando un cambio porque esto no da para más". Mientras tanto, los trabajadores continúan luchando por sus derechos en medio de un contexto cada vez más adverso. La medida de fuerza finalizará el 24 de septiembre, pero el conflicto parece lejos de resolverse.
