Advierten precarización
12 Febrero de 2026 08:24
Con 42 votos a favor y 30 en contra, el Gobierno logró en el Senado la aprobación de la llamada ley de modernización laboral, una de las reformas estructurales centrales del programa económico libertario. El oficialismo celebró el resultado como un triunfo político contundente, pero el contenido del proyecto anticipa un fuerte conflicto social: la norma reduce costos empresariales, limita derechos laborales históricos y redefine la relación entre trabajador y empleador bajo criterios de mercado. Ahora la iniciativa pasará a Diputados, donde la Casa Rosada pretende votarla antes del 27 de febrero para consolidar el paquete de reformas iniciado con la ley Bases y el Presupuesto 2026.
La votación dejó expuesto el nuevo esquema de poder parlamentario. La Libertad Avanza consiguió respaldo del radicalismo, el PRO y varios bloques provinciales, además del acompañamiento de gobernadores como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Juan Pablo Valdés, Martín Llaryora y Hugo Passalacqua. En la práctica, la reforma fue aprobada por una coalición federal de ajuste laboral más amplia que el propio oficialismo.
Del otro lado, el peronismo unido -junto a legisladores santacruceños- reunió 30 votos de rechazo y denunció un retroceso histórico en materia de derechos del trabajo. La sesión, que duró quince horas, tuvo además un fuerte gesto político: en el recinto estuvieron Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, señalando que el Gobierno considera la reforma una prioridad estratégica.
La ley modifica pilares del sistema laboral argentino. Introduce convenios por empresa por encima de los sectoriales, permite fraccionar vacaciones, crea un banco de horas para compensar extras con francos y limita el rol judicial en conflictos laborales. También fija topes a indemnizaciones -excluyendo bonos y adicionales- y habilita pagarlas en cuotas. Además crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado por aportes patronales, para cubrir despidos en empresas sin capacidad de pago.
El proyecto también redefine a los trabajadores de plataformas como "prestadores independientes", quitándoles relación de dependencia. En paralelo, restringe el derecho de huelga en servicios esenciales. La lógica general es clara: abaratar despidos y reducir litigiosidad para incentivar contratación. O, como explicó el senador libertario Juan Cruz Godoy, el objetivo es resolver "el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales".
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y sostuvo que el país arrastra una "legislación obsoleta" que lo mantiene "anclado en el pasado". Según su planteo, el crecimiento depende de liberar al sector privado. Desde la oposición, José Mayans fue contundente: el proyecto es "inconstitucional" y "va a fracasar". "Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", afirmó.
Mariano Recalde también denunció una regresión histórica: "no está pensada para generar trabajo" y recordó que reformas similares fracasaron. Luego ironizó: "Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también". En cambio, la radical Carolina Losada defendió el espíritu económico del proyecto: "va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones".
El Gobierno no aceptó modificaciones peronistas, pero sí introdujo cambios de último momento: incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad y mantuvo aportes sindicales con topes del 2%. También rechazó permitir que billeteras virtuales paguen sueldos, reservando esa función a bancos. La estrategia evidenció la prioridad oficial: flexibilizar empleo sin alterar la arquitectura financiera ni el sistema de intermediación. La reforma laboral no es solo una ley: es el corazón del modelo económico libertario. El Gobierno apuesta a que reducir derechos laborales atraerá inversiones y empleo. La oposición advierte lo contrario: precarización, caída salarial y mayor desigualdad.
