05 Septiembre de 2025 11:09
El Senado le asestó un nuevo golpe al oficialismo este último jueves al darle media sanción al proyecto que limita el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y al rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Dos votaciones que no solo dejaron en evidencia el aislamiento político del mandatario libertario, sino también el hartazgo de gran parte de la dirigencia con el estilo de gobierno a fuerza de decretos y vetos.

La reforma aprobada -con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones- restringe al máximo la herramienta preferida de Milei para saltear al Congreso. De ahora en más, cada DNU deberá ser tratado en un plazo de 90 días y con mayoría absoluta en ambas cámaras. Además, un rechazo de una sola cámara alcanzará para desactivarlo. La norma también prohíbe que los decretos aborden más de una materia y limita su uso a los períodos de receso parlamentario.
El mensaje del Senado fue directo: no habrá más espacio para experimentos como el DNU 70/23, el megadecreto redactado por Federico Sturzenegger, que desregulaba la economía y fue rechazado en marzo de este año. La oposición -kirchnerismo, radicales, peronistas provinciales y hasta sectores del PRO- tejió una mayoría amplia que dejó al oficialismo reducido a su mínima expresión.
Pero el revés más sensible para Milei llegó con la emergencia en discapacidad. Por primera vez en más de 20 años, el Congreso revirtió un veto presidencial y promulgó de hecho una norma contra la voluntad del Ejecutivo. La ley contempla la regularización de pagos, actualizaciones mensuales de aranceles, compensaciones de emergencia, financiamiento de pensiones no contributivas y la posibilidad de compatibilizar pensión con empleo formal, entre otros puntos.

El propio Presidente ya había anticipado su jugada: "Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", había advertido. Bajo el pretexto del déficit cero, Milei amenaza con desconocer la decisión del Congreso y patear la discusión a los tribunales, aun cuando especialistas advierten que se trata de "cuestiones políticas no judiciables".
Mientras el Gobierno estira los plazos, el sector de la discapacidad acumula meses de abandono. El nomenclador de prestaciones está congelado desde diciembre de 2023, lo que dejó a miles de prestadores al borde del colapso. Los anuncios de Manuel Adorni sobre un eventual aumento siguen sin concretarse, y la excusa oficial se sostiene en la revisión de más de 100.000 pensiones por invalidez, con el argumento de que habrían sido otorgadas de manera irregular.

La situación se agrava con el escándalo que estalló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntas coimas vinculadas a la droguería Suizo Argentina, que terminó de dinamitar la confianza del sector en la gestión y que involucra a la secretaria General de la Presidencia de la Nación y hermana del presidente, Karina Milei. En paralelo, la oposición marcó un hito institucional: no solo frenó el veto presidencial, sino que blindó por ley a un colectivo históricamente postergado.
Con la Emergencia en Discapacidad vigente hasta 2027, el Ejecutivo está obligado a informar cada año al Congreso sobre la ejecución de los fondos. La derrota en el Senado expone el fracaso de la estrategia de Milei de gobernar sin consensos, desafiando incluso al Parlamento. Su plan de déficit cero parece pesar más que la vida de las personas con discapacidad, mientras el Congreso le recuerda que no puede erigirse en monarca absoluto y que, a partir de ahora, cada paso que dé deberá ser meticuloso.

