El doloroso costo de los discursos de odio de Javier Milei: "Habilitan y legitiman prácticas violentas"

Cada vez que una mujer es asesinada, la pregunta se repite como un eco imposible de apagar: ¿Qué más tiene que pasar para que el Estado actúe? Detrás de cada femicidio hay una historia interrumpida, una denuncia ignorada, una línea que no respondió a tiempo. Y mientras los números se actualizan con la frialdad de las estadísticas, la violencia machista sigue devorando vidas. No se trata de hechos aislados, sino de una emergencia estructural que atraviesa a toda la sociedad y que hoy, más que nunca, exige una respuesta política, colectiva y urgente.

En lo que va de octubre, once mujeres fueron asesinadas en apenas dos semanas. Las cifras estremecen: según datos del Observatorio Lucía Pérez, ya son 214 las víctimas de femicidio en 2025, lo que equivale a una cada 35 horas. Mientras las familias lloran y las marchas vuelven a ocupar las calles, la pregunta se repite con impotencia: ¿hasta cuándo vamos a permitir que la violencia se cobre vidas que podrían haberse salvado?

En este contexto, BigBang dialogó con Azul Picón, Coordinadora del área de Violencias de Grow - género y trabajo, quien advierte que lo que ocurre "no es una 'ola' aislada, sino la expresión más extrema de un problema estructural: la violencia contra las mujeres, profundamente instalada en nuestra cultura y que se reproduce en todos los ámbitos", comenzó. 

Para la entrevistada los femicidios "no aparecen de un día para otro, sino que son el resultado de trayectorias previas de violencia que no fueron detectadas a tiempo o que no encontraron respuestas eficaces del Estado".

La especialista explica que en un escenario de recorte presupuestario y desfinanciamiento de las áreas de género, el riesgo crece. "Cuando el Estado desfinancia áreas de género, cierra o reduce programas de atención y líneas de consulta, es previsible que aumente el riesgo para las mujeres y que quienes busquen ayuda no la encuentren", advirtió.

A este panorama se suma —dice— un aumento de los discursos de odio y antifeministas promulgados por el propio presidente, Javier Milei y su séquito libertario: "Estos mensajes, que se presentan como opiniones, en realidad habilitan y legitiman prácticas violentas. Cuando se banaliza la violencia de género o se ridiculizan las políticas de protección, se genera un clima social que deja más desprotegidas a las mujeres y fortalece a los agresores".

Entre leyes y desamparo

Argentina cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en materia de género, pero en los hechos, esas leyes muchas veces se vuelven letra muerta. Picón lo define con claridad: "Existen leyes avanzadas, pero hay una distancia enorme entre lo que está escrito y lo que se implementa. Faltan recursos, coordinación federal, presupuestos, equipos formados. No es un problema de normativas, sino de voluntad política, presupuesto y gestión".

La mayoría de los femicidios, recuerda, son cometidos por parejas o exparejas, y casi siempre hay denuncias previas o medidas de restricción incumplidas. El 14% de las víctimas denunciaron a su agresor, el 73% fue cometido por una ex pareja o familiar y el 70% de las mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en su vivienda: "Las instituciones, particularmente la policía y la justicia, son lentas y revictimizantes. Esto demuestra que el problema no es individual o de algunas personas violentas, sino de un sistema social y estatal que enseña, permite y tolera la violencia".

Para Picón, el camino de transformación real empieza en las aulas: "Una medida a largo plazo es la implementación de la ESI obligatoria y transversal en todos los niveles educativos. Si no ayudamos a repensar los vínculos, las violencias seguirán existiendo". 

Consultada sobre por qué las cifras no bajan, Picón apunta a una falla profunda en el enfoque estatal: "Todavía trabajamos más sobre las consecuencias que sobre las causas. Se crearon áreas y programas (muchos de los cuales hoy no existen), pero no hubo una transformación profunda en educación, justicia y fuerzas de seguridad. Si la formación con perspectiva de género no es obligatoria, si no hay protocolos efectivos en escuelas y trabajos, y si no se sanciona la violencia simbólica y mediática, estamos apagando incendios sin revisar quién sigue tirando nafta".

Entre las medidas urgentes, enumera la protección rápida y efectiva de las víctimas —con monitoreo electrónico de agresores—, la prevención mediante educación sexual integral y trabajo con masculinidades, y una reforma judicial con perspectiva de género que garantice tiempos abreviados y sanciones efectivas.

Al ser consultada sobre qué prioridad debería tener el Estado, Picón es tajante: "No se puede elegir solo una, porque la violencia de género requiere una estrategia integral: prevención para que no suceda, protección para que no escale y sanción para que no haya impunidad".

Sin embargo, pone el foco donde más duele: "Hoy respondemos a los femicidios como si fueran hechos inevitables, cuando en realidad son evitables si el Estado actúa antes. La prioridad estratégica es la prevención, pero una prevención seria, no solo en el discurso. Prevención articulada, sostenida y cultural. Sin prevención estructural vamos a seguir contando muertas, por más que se anuncien medidas aisladas después de cada caso".

Lejos de la indiferencia, Picón advierte que estamos ante una disputa política y cultural.
"No creo que nos estemos volviendo indiferentes, sino que estamos frente a un retroceso peligroso. En los últimos años crecieron discursos que relativizan la violencia de género, cuestionan a las víctimas y hablan de 'falsas denuncias'. No es indiferencia social, es una ofensiva antifeminista organizada", alertó.

Y agregó: "Estos discursos no son inocentes: generan confusión social, debilitan las redes de protección y legitiman la violencia. Cuando se dice que la violencia 'es un problema de pareja' o que 'hay mujeres que denuncian para sacar ventaja', lo que se hace es desarmar políticamente un problema que es social y estructural. Y cuando el Estado, en lugar de garantizar derechos, se corre o reproduce estos discursos, el mensaje para los agresores es claro: pueden avanzar con mayor impunidad".

Ante la desesperanza, Picón no apela al optimismo ingenuo, sino a la acción: "La desesperanza es comprensible y el enojo es legítimo. No hay nada que nos enoje más que ver cómo se repiten los femicidios y que el sistema falle una y otra vez en proteger vidas que podrían haberse salvado. Pero eso que sentimos no puede convertirse en resignación. Cuando la sociedad se resigna, la violencia gana".

"La historia demuestra que cada avance en derechos fue resultado de organización y presión social, nunca de espera pasiva. Transformar la bronca en acción colectiva es fundamental: acompañar a otras, construir redes, exigir políticas públicas, incomodar a quienes deciden presupuestos y prioridades, y no permitir retrocesos. No estamos pidiendo privilegios: estamos exigiendo derechos básicos. Y eso no puede esperar. La salida es siempre colectiva", concluyó.

Cada femicidio no sólo apaga una vida, deja una herida abierta como sociedad. No alcanza con indignarse por unos días ni con repetir consignas cuando el dolor se vuelve tendencia. La violencia machista no se detiene con palabras, sino con decisión política, educación y compromiso colectivo. Cada vez que miramos para otro lado o cada vez que justificamos acciones, la violencia encuentra una nueva grieta por donde filtrarse. Hoy el llamado es a no ser espectadores del horror, sino protagonistas de un cambio urgente: que vivir sin miedo deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho.