Nuevos controles y restricciones
05 Diciembre de 2025 08:29
En medio de un clima social convulsionado y con el Consejo de Mayo fracturado por el retiro de las centrales sindicales, el Gobierno impulsa una reforma laboral de 182 artículos que desmantela pilares de la Ley de Contrato de Trabajo, habilita fondos de cese en reemplazo de las indemnizaciones, flexibiliza vacaciones y jornada, y avanza sobre regímenes especiales y derechos colectivos. El oficialismo insiste en que busca "modernizar" y "reducir la litigiosidad", pero la letra chica del megaproyecto revela un corrimiento del Estado a favor de las empresas y profundos retrocesos en materia de protección social.
El Gobierno avanza con un proyecto de Ley de Reforma Laboral que, bajo el argumento de "reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales", modifica de raíz la Ley de Contrato de Trabajo y múltiples normas complementarias. El texto, aún en estado preliminar, condensa un cuerpo normativo de 182 artículos, que redefine derechos laborales, introduce transformaciones fiscales y deroga normativas históricas.
El borrador, cuyo contenido comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, es el resultado de negociaciones internas del Consejo de Mayo. Allí participaron funcionarios, cámaras empresarias y representantes sindicales, aunque estos últimos se apartaron del debate en rechazo a la orientación del proyecto y la falta de consensos mínimos. El oficialismo, sin embargo, insiste en avanzar.
Uno de los primeros capítulos del proyecto crea un Régimen de Promoción del Empleo Registrado que permite a los empleadores regularizar relaciones laborales no declaradas o deficientemente registradas. La iniciativa ofrece beneficios inéditos: condonación de deudas previsionales, multas e intereses, junto con la baja del REPSAL para quienes blanqueen a la totalidad del personal.
En paralelo, el borrador elimina el capítulo de multas por trabajo no registrado y centraliza la registración en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Solo mantiene que la falta de registración seguirá siendo una "presunción favorable al trabajador" en caso de conflicto judicial. Uno de los ejes más sensibles es el cambio del régimen indemnizatorio. El texto define topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio, fija un piso del 67% y habilita que los convenios colectivos reemplacen directamente la indemnización por un fondo de cese laboral financiado por los empleadores.
La reforma también determina una estricta base de cálculo, dejando fuera pagos extraordinarios, premios y gratificaciones. Además, permite el pago fraccionado de liquidaciones finales y limita la aplicación de intereses sobre el capital indemnizatorio, un reclamo histórico de las cámaras empresarias.
En los despidos sin causa se mantiene el criterio de un mes de sueldo por cada año trabajado, pero la reforma abre un camino más amplio para mecanismos alternativos, seguros privados y regímenes sectoriales. El propio texto oficial lo marca con claridad: "En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa (...) se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses". La iniciativa también detalla las causales de despido con causa, con un procedimiento electrónico de notificación que vuelve más rígido el vínculo laboral y rebaja los estándares de protección.
El proyecto introduce exclusiones sin precedentes en la LCT, dejando fuera a trabajadores de la administración pública salvo acto expreso, a contratados bajo figuras del Código Civil y Comercial, a colaboradores de trabajadores independientes y a quienes se desempeñan en plataformas digitales. Además, reemplaza el principio de la norma más favorable por un criterio de "instituciones", un retroceso doctrinario que debilita la protección frente a vulneraciones del empleador.
En materia judicial, incorpora un castigo por "pluspetición inexcusable", trasladando las costas al trabajador y su abogado si la Justicia considera que el reclamo fue sobreestimado. Un mecanismo que introduce un efecto disciplinador para desalentar demandas. Las derogaciones incluidas en el Título XXV alcanzan niveles históricos: artículos centrales de la LCT, normas de jornada laboral y la eliminación del Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Viajante de Comercio, golpeando directamente regímenes sectoriales con más de 70 años de vigencia.
En materia de vacaciones, el proyecto mantiene el derecho pero introduce una flexibilización que desplaza el equilibrio en favor del empleador. La iniciativa habilita fraccionamientos, acumulaciones con autorización administrativa y pactos individuales para ampliar o reorganizar los períodos. El texto fija que: "La fecha de inicio de las vacaciones deberá ser notificada por escrito (...) con una antelación no menor a cuarenta y cinco (45) días".
El capítulo de jornada profundiza la flexibilización al permitir un banco de horas que habilita compensaciones amplias y cálculo promedio de la jornada máxima. El borrador señala: "Se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios (...)".
La propuesta sorprende por su dualidad respecto de las plataformas digitales. Por un lado, define a repartidores como "trabajadores independientes", pero por otro establece obligaciones de seguridad social, seguros de accidentes y derechos específicos, como la posibilidad de rechazar pedidos y recibir explicaciones por bloqueos. Un esquema híbrido que, según especialistas laborales, institucionaliza un modelo de falsa autonomía con protección recortada.
El proyecto incorpora certificados médicos digitales, un sistema centralizado de control y plazos más estrictos para justificar ausencias. El empleador podrá considerar injustificada cualquier falta que no cuente con certificado médico digital o presencial, y se acortan los plazos para el abandono de trabajo. La reincorporación tras un fallo judicial también se redefine. El texto afirma: "El trabajador podrá optar entre retomar el puesto o cobrar la indemnización equivalente". En caso de reincorporación, la empresa deberá pagar salarios caídos, aunque la norma fija nuevos parámetros y causales para extinguir el vínculo por incapacidad permanente.
El capítulo fiscal del proyecto contempla beneficios amplios para sectores empresariales, desde la actualización de quebrantos por IPC hasta la eliminación de impuestos internos para telefonía celular, seguros y bienes suntuarios. También exime del impuesto a las ganancias a los alquileres para vivienda y, a partir de 2026, a la venta de inmuebles. Se incorpora además un régimen especial para establecimientos agropecuarios y un Título dedicado al RIMI para MiPyMES, con incentivos a inversiones productivas, baja de cargas y moratorias encubiertas.
Con los gremios en pie de guerra, la oposición denunciando un ajuste encubierto y el Gobierno decidido a avanzar, la reforma laboral abre un frente político de enorme magnitud. El megaproyecto no solo reescribe la Ley de Contrato de Trabajo, sino que redefine el equilibrio entre capital y trabajo en la Argentina. Mientras el Ejecutivo asegura que seguirá "trabajando el texto antes de enviar la versión final al Congreso", crecen las alertas sobre el verdadero objetivo del paquete: un reordenamiento estructural que reduce costos laborales, flexibiliza derechos y debilita la capacidad de negociación colectiva.
