Una caja que crece
02 Diciembre de 2025 08:33
En un país donde cada peso es tema de discusión pública y cada ajuste golpea con fuerza a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Javier Milei volvió a ampliar -por tercera vez en poco más de un año- el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta vez lo hizo a través de una decisión administrativa, un mecanismo más silencioso y menos exigente que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que le permite sortear cualquier revisión legislativa. El resultado: otros $26.117 millones para un organismo que ya acumula incrementos millonarios y polémicas difíciles de justificar.
El oficialismo insiste en que no se trata de un aumento, sino de una "actualización obligada" debido a la falta de un presupuesto aprobado por el Congreso desde 2022. "Es uno de los tantos organismos del Estado que se quedó sin fondos", argumentaron voceros de la Casa Rosada, que remarcaron que casi $20 mil millones irán a sueldos. Sin embargo, diferentes voces dentro y fuera del gobierno alertan que la SIDE se convirtió en una de las cajas más reforzadas de la gestión Milei, incluso mientras jubilados, docentes, científicos y miles de trabajadores reclaman por recortes que afectan derechos básicos.
El caso estalló en redes sociales cuando el ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez denunció que la ampliación incluía "350 millones para cubiertas, 300 millones para prendas de vestir y 40 millones para utensilios de cocina". El Gobierno se apresuró a minimizar el tema, asegurando que estos ítems son apenas nomencladores administrativos que no reflejan necesariamente compras reales. Pero la explicación dejó un sabor amargo: si lo publicado no significa lo que dice, ¿qué significa realmente?
La ampliación actual no es un hecho aislado. En marzo de este año la gestión libertaria ya había destinado $7.300 millones adicionales, incluyendo $1.600 millones de gastos reservados. Y en julio de 2024, en lo que se convirtió en uno de los mayores escándalos presupuestarios del gobierno, Milei destinó $100 mil millones exclusivamente a fondos reservados al restaurar la vieja SIDE, disolver la AFI y poner al frente a Sergio Neiffert, hombre del riñón de Santiago Caputo. El Congreso terminó bajándole el pulgar a ese DNU, obligando a la devolución de los fondos.
El revés legislativo, sin precedentes desde la reforma constitucional de 1994, no frenó la estrategia: solo la modificó. Ahora los refuerzos llegan por decisión administrativa, sin debate y en silencio. Para 2025, el presupuesto prorrogado de la SIDE ya supera los $100 mil millones, de los cuales más del 20% corresponden a gastos reservados, una categoría opaca por definición, que obliga a confiar -a ciegas- en la buena fe del Ejecutivo. Para dimensionar el fenómeno, basta recordar que en 2024 la SIDE comenzó el año con $15.557 millones. Con las ampliaciones, ese número escaló a niveles inéditos.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), incluso parte del refuerzo proviene de una reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa. Paradójico: mientras el gobierno habla de "orden" y "racionalidad", fortalece un área históricamente cuestionada por sus prácticas oscuras y debilita a otras claves para la seguridad nacional. Las turbulencias internas tampoco ayudan a despejar dudas. Neiffert quedó en el ojo de la tormenta por un feroz cruce con su subordinado José Lago Rodríguez en su propia casa.
Lago, a su vez, es investigado por Asuntos Internos por un viaje a Azerbaiyán presuntamente financiado con fondos reservados, disfrazado de misión oficial, pero que habría sido -simplemente- un viaje para presenciar una carrera de Fórmula 1 en la que participó el piloto argentino Franco Colapinto. Todo indica que, más allá de los discursos oficiales, la SIDE atraviesa un período de desprolijidades, disputas internas y maniobras opacas que contrastan con la insistencia del Gobierno en fortalecerla presupuestariamente. Mientras miles de jubilados marchan cada miércoles para reclamar aumentos que compensen la inflación, mientras hospitales denuncian falta de insumos y universidades advierten que no pueden pagar servicios básicos, el Gobierno destina miles de millones adicionales a un organismo cuya función y gastos permanecen mayormente en las sombras. Lo cierto es que desde Casa Rosada sostienen que se trata de fortalecer las "capacidades estratégicas del país".
