Crudo vaticinio
El lunes a la noche, Paraguay se fue a dormir como cualquier otro día. A las 3 de la madrugada del martes, el Banco Central intervino Ueno Bank; cuando amaneció, más de un millón y medio de personas descubrieron que no podían tocar sus ahorros. Ese fue el punto de partida de la crisis en el país vecino: la plata de vendedores ambulantes, choferes de aplicaciones y jubilados quedó atrapada en un banco caído, y el presidente Santiago Peña terminó sometido a un juicio político.
Santiago Ortiz, secretario del Sindicato de Periodistas del Paraguay, lo vivió en carne propia. Habló con BigBang a menos de 24 horas del terremoto político y su relato pone caras donde las cifras solo dicen números. Ueno no era un banco más: tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, el 60% de la población adulta.
"El martes nos despertamos todos con que no teníamos acceso a los ahorros", dijo y contó: "El Banco Central dio una conferencia de prensa para calmar los ánimos y prometió que se recuperaría el dinero; de hecho, ya empezó a liberar una parte". Pero el primer sentimiento fue otro: "Lo primero es mucha indignación, mucho enojo y también mucha incertidumbre. Es no saber qué hacer".
¿Quiénes son los más golpeados? Ortiz no duda: la gente que vive de lo que gana cada jornada. El banco había apostado por un marketing "muy agresivo", basado en la banca virtual; según explicó, "daba créditos a gente que no tenía forma de sostener los créditos, te daba una tarjeta, te abría una cuenta prácticamente desde tu teléfono". Es casi imposible no hacer la comparación con Mercado Pago, la billetera virtual de Marcos Galperín en la que millones de argentinos cobran sus percepciones sociales como la Asignación Universal por Hijo.
De hecho, esas facilidades que parecen brillar en la oscuridad de la pobreza y la precariedad son la trampa: "Muchos trabajadores informales, vendedores de la calle, entraron en eso", contó Santiago sobre la "desesperación e incertidumbre" que causó la caída del banco. En la misma línea, apuntó: "El banco te abre una cuenta y te dice: 'Tienes 1 millón de guaraníes a tu disposición, haz lo que quieras'. Obviamente todo el mundo usa y después vas pagando como podés".
Desde la Argentina, el gobierno de Javier Milei suele mirar a Paraguay como un ejemplo de manual: crecimiento, orden fiscal, impuestos bajos. Ortiz analizó que es exactamente al revés: "(La caída de Ueno) es la descripción perfecta del modelo en general. Es una burbuja de buenos números macroeconómicos, donde te dicen que crece el PIB, que baja el desempleo pero lo que crece es el empleo precario", sostuvo; detrás de cada estadística hay repartidores, choferes de aplicaciones, trabajadores "sin ningún derecho laboral". Paraguay tiene 70% de informalidad, y Ortiz aclara qué significa eso: no se trata de no estar registrado en Hacienda o no tener cuenta bancaria, sino de "no tener derechos". El resultado es una población con "prácticamente nada de seguridad social, mucho sobrevivir de lo que se pueda".
Los fondos públicos y la plata de los jubilados
El agujero no es solo de particulares. Ueno administraba cerca de USD 850 millones de organismos estatales, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), que paga jubilaciones y presta servicios de salud.
Para el dirigente sindical, los millones de clientes eran una vidriera: "Al banco le servía tener muchos clientes para decir 'somos un banco sólido', pero lo que buscaban era captar los fondos públicos. Claramente había una orden de poner ahí la plata; el Instituto de Previsión Social flexibilizó sus normas solamente para poner más recursos en este banco", denunció.
Mientras los ahorristas salieron tomar las calles con pancartas y la furia en sus gargantas, la política se movía a otra velocidad: el martes se presentó la acusación contra Peña, el miércoles el libelo acusatorio y el jueves arrancó el juicio político. "Se dan dos procesos paralelos: uno es toda la crisis de los ahorros y otro del proceso político", resumió Ortiz.
La crisis también golpeó a los trabajadores de prensa. B Media, un grupo que concentraba cinco medios de comunicación, dejó a 270 trabajadores con los contratos suspendidos. Ortiz no se anduvo con vueltas: "Es un eufemismo la suspensión, es esperar la quiebra y liquidación para poder cobrar las indemnizaciones".
Aun así, el periodismo paraguayo sigue contando lo que pasa. "Hay posibilidades de contar lo que está pasando y de hecho la gente lo está viviendo minuto a minuto por los medios", aseguró. El sindicato ya organiza la ayuda: "Estamos preparándonos para semanas de solidaridad, de juntar alimentos, recursos". Ortiz también dejó una advertencia sobre el oficio: "El modelo de breaking news constante y prácticamente nada de desarrollo de labor periodística real nos está matando". Para él, informar con libertad no alcanza; hacen falta "condiciones dignas para poder mostrar realmente lo que pasa".
El vaticinio: lo peor está por venir
Lejos de ver una salida cercana, Ortiz anticipa un panorama más duro. "La situación social va a ser más grave dentro de un mes; esto va a dejar un golpe muy duro, muy muy complejo", advirtió. Lo comparó con la pandemia: quizás no tan extendido, pero con "mucha gente afectada". Piensa en las empresas proveedoras que trabajaban casi exclusivamente para el grupo, en los empleados que ya perdieron su fuente de ingresos y en el dinero que no va a volver: "Hay por lo menos 600 millones de dólares de fondos previsionales y públicos que ya no van a volver".
Esos fondos, recordó, no son solo una línea del balance fiscal: "Son también para garantizar ciertos derechos". Esa es la cara más humana de la crisis en Paraguay: un país que se fue a dormir un lunes cualquiera y que, según quienes la viven desde adentro, todavía no tocó fondo.
