Prontuario escandaloso
16 Octubre de 2025 09:58
Desde su banca en la Cámara de Diputados, hace poco menos de un mes, María Lorena Villaverde pidió una moción de privilegio para defender lo que llamó su "buen nombre y honor". Con tono firme y un certificado de antecedentes penales en la mano, aseguró tener "las manos y la conciencia limpias". Sin embargo, los documentos y los expedientes judiciales en Estados Unidos y en la Argentina desmienten su discurso: la diputada libertaria, hoy candidata a senadora por La Libertad Avanza, arrastra un prontuario que incluye contrabando de drogas, estafas millonarias, y conexiones directas con redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
Villaverde, que representa a Río Negro en el Congreso, afirmó en esa sesión que la prensa la "vilipendia". Pero lo cierto es que sus antecedentes no son producto de un invento periodístico, sino de causas concretas y registradas en tribunales tanto norteamericanos como argentinos. Su certificado, vale aclarar, solo acredita la ausencia de condenas firmes en el país. No contempla procesos abiertos en otros fueros ni mucho menos en el extranjero. De acuerdo a la información dada por el programa Data Clave del stream de Carnaval, Villaverde fue detenida por primera vez en noviembre de 2001 en Miami por obstrucción de la justicia.
En aquel entonces, fue fichada por la policía de esa ciudad (causa N°0792136). Un año después, el 17 de julio de 2002, fue arrestada nuevamente, esta vez en el aeropuerto de Sarasota, mientras intentaba pasar cocaína junto a dos cómplices: el cubano Jesús Ferrer y el colombiano Fabio Restrepo, presunto miembro del Cártel de Cali. Según dos fuentes que accedieron al expediente, no se trataba de los 400 gramos mencionados en algunos medios, sino de 15 kilos de cocaína, además de 50.000 dólares sin justificar. Según la información dada por Mauro Federico e Ivy Cángaro, Villaverde fue declarada culpable en octubre de ese año.
Y tras un breve paso por prisión, habría hecho un acuerdo con la justicia estadounidense para obtener su libertad a cambio de delatar al resto de la banda. Desde entonces no puede volver a Estados Unidos sin ser detenida de inmediato. En 2003 regresó a la Argentina, se radicó en Neuquén y rearmó su vida. Pero el pasado volvió a alcanzarla. En su expediente de divorcio con Carlos Marcelo Bauzas -causa N°32518/2011 en el Tribunal de Familia N°2 de San Nicolás-, el propio marido presentó pruebas documentales de su paso por la justicia norteamericana. Allí también se revelaron manejos financieros irregulares en la empresa Taskarsa.
Cabe destacar que de dicha compañía, Villaverde era gerente general. Retiró más de 6,5 millones de dólares, de los cuales 1,5 millón fueron en efectivo, dejando a su entonces esposo al borde de la quiebra. Con esos fondos, la diputada comenzó a operar como prestamista y usurera, ejecutando pagarés antes de los plazos acordados y provocando un aluvión de denuncias. Muchos de los damnificados, incluso dentro de circuitos informales, acudieron a la Justicia para frenar sus maniobras. Pero su prontuario no termina ahí. En 2017 su nombre reapareció vinculado a la causa del llamado "Bernie Madoff argentino", Enrique Blaskey Señorans.
Señorans estafó a cientos de personas bajo el esquema Ponzi. Villaverde figura en la investigación como una de las colaboradoras que habría contribuido a captar inversores para el sistema fraudulento. A todo esto se suma su actual relación con Claudio "Lechuga" Cicarelli, primo y hombre de confianza de Fred Machado, empresario acusado de narcolavado y con pedido de extradición a los Estados Unidos. Cicarelli, además, aparece en varios negocios bajo sospecha de lavado de activos. La cercanía sentimental y económica entre ambos refuerza las sospechas sobre los vínculos de Villaverde con ese entramado criminal.
Pese a este historial, la diputada libertaria no solo se aferra a su banca, sino que aspira a un ascenso político: ser senadora nacional. Su estrategia parece ser la misma que la de otros dirigentes del oficialismo: victimizarse y culpar a los medios. "No tengo ninguna causa judicial", aseguró en el Congreso, omitiendo que el certificado que mostró no refleja ni sus antecedentes en el extranjero ni las causas civiles y comerciales que enfrenta en la Argentina. El contraste entre su discurso y los hechos es demoledor. Mientras Villaverde denuncia "persecución mediática", los expedientes judiciales revelan un recorrido plagado de delitos y estafas.
Su nombre aparece asociado a redes de narcotráfico, lavado de dinero y maniobras financieras turbias. Aun así, continúa ocupando una banca en el Congreso y pretende representar a los rionegrinos en el Senado. Quizá haya llegado el momento de que el oficialismo deje de mirar para otro lado y de que la Justicia -la misma que ella invoca para limpiar su nombre- actúe de oficio. Porque los narcotests y los certificados policiales pueden exhibirse frente a las cámaras, pero el pasado no se borra con una declaración. Villaverde puede insistir en que tiene "las manos limpias". Pero la historia, los documentos y las causas abiertas dicen otra cosa.
