08 Abril de 2026 09:59
Con las balas por el escándalo patrimonial de Manuel Adorni picándole cerca, el oficialismo acelera en la Cámara de Diputados para conseguir un triunfo político que le permita cambiar el eje de la discusión pública. La jugada es clara: avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares, aún en medio de cuestionamientos ambientales y una creciente presión opositora que amenaza con convertir la sesión en un campo de batalla. Los números, al menos en los pasillos del Congreso, invitan al optimismo libertario. Según estimaciones que circulan entre propios y ajenos, el oficialismo podría alcanzar una mayoría holgada.

Incluso, un diputado opositor reconoció que La Libertad Avanza, junto a sus aliados circunstanciales -entre ellos sectores del PRO, la UCR y hasta peronistas de provincias cordilleranas- "llegará a los 140 votos". Pero la matemática legislativa no alcanza para disipar el clima enrarecido. La oposición ya anticipó que utilizará la primera parte de la sesión para apuntar directamente contra el jefe de Gabinete.
El objetivo es claro: impedir que el Gobierno logre correr el foco. "Adorni tiene que venir acá el 29 de abril pero no sé si llega. Es una mochila de plomo para el Gobierno. En algún momento Milei debería darse cuenta que no puede sostener más a un tipo que no pudo ni siquiera afanar con disimulo", disparó un legislador opositor. El oficialismo, consciente del desgaste, intenta blindar a su funcionario mientras acelera con una agenda que le permita mostrar gestión.
Sin embargo, el respaldo a Adorni expone una contradicción: lejos de descomprimir, el tema sigue dominando la escena pública y amenaza con opacar cualquier avance legislativo. En ese contexto, la reforma de la Ley de Glaciares aparece como un proyecto tan estratégico como controversial. La iniciativa busca redefinir las zonas protegidas para habilitar actividades económicas en áreas periglaciares que no tengan una "función hídrica fehaciente".

En la práctica, implica abrir la puerta a la exploración y explotación minera en territorios que hasta ahora estaban resguardados. La normativa vigente desde 2010 protege tanto los glaciares como las formaciones periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. La reforma, en cambio, introduce una distinción que permitiría intervenir aquellas zonas que no cumplan estrictamente ese rol, además de transferir mayor poder a las provincias para decidir qué áreas proteger.
Para el oficialismo, se trata de una modernización necesaria para atraer inversiones. Para la oposición y las organizaciones ambientalistas, es un retroceso que pone en riesgo recursos vitales. Desde Greenpeace lo plantearon sin rodeos: "Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma, impulsada por el gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional".
La tensión ya se trasladó a la calle. En la previa de la votación, activistas escalaron el monumento frente al Congreso con carteles que advertían: "Diputados: no traicionen a los argentinos" y "La Ley de Glaciares no se toca". La protesta terminó con detenidos, en una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia alrededor del Palacio Legislativo.
No es un hecho aislado. Semanas atrás, otra manifestación derivó en un operativo represivo que incluyó gas pimienta y la detención de manifestantes y hasta de un camarógrafo que cubría los hechos. La escalada represiva suma un nuevo frente de conflicto para un Gobierno que ya enfrenta cuestionamientos por su manejo de la protesta social. Mientras tanto, en el recinto se prepara una jornada cargada. Además de los cuestionamientos por la ley, la oposición buscará avanzar con pedidos de interpelación contra Adorni y reflotar otros temas sensibles, como los créditos del Banco Nación a funcionarios oficialistas y el posicionamiento internacional de Argentina en conflictos globales.

En paralelo, desde la izquierda llaman a movilizarse. "El gobierno de Javier Milei pretende entregar por 30 años los glaciares a las mineras, modificando la ley vigente y articulándose junto al RIGI, con la complicidad de diferentes bloques patronales", denunció Juan Carlos Giordano. En la misma línea, Nicolás del Caño advirtió: "Su plan: saqueo, contaminación y destrucción. No lo podemos permitir. Mañana hay movilización. Hay que estar en la calle".

