La educación no se vende
22 Octubre de 2025 16:49
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció este miércoles que iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de que se cumpla y se ponga en marcha de manera inmediata la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Gobierno, pero suspendida en su aplicación.
La decisión fue aprobada por unanimidad del Consejo Superior y quedó formalizada en la Resolución del 22 de octubre de 2025. En el documento, la casa de estudios sostiene que la suspensión de la ley "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación", además de implicar "la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos".
El conflicto se desató luego de que el Gobierno de Javier Milei promulgara la norma mediante el Decreto 759/2025, pero al mismo tiempo dispusiera que su aplicación quedara en suspenso hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. La UBA considera que esa maniobra constituye una violación directa a las leyes vigentes y al principio de división de poderes.
En la resolución aprobada, el Consejo Superior fue categórico: "Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano y quebranta la voluntad del Congreso. Asimismo, implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial".
El texto advierte además que la situación presupuestaria del sistema universitario es crítica, y que las sucesivas prórrogas del Presupuesto 2023 -en un contexto de recesión récord- dejaron a las universidades nacionales sin recursos suficientes para sostener sus actividades básicas. Durante 2024, los salarios docentes y nodocentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo, y la recomposición otorgada durante 2025 fue "muy inferior" a la inflación oficial del INDEC. La ley en cuestión, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, tiene como objetivo garantizar el sostenimiento financiero de las universidades nacionales, recomponer los salarios de sus trabajadores y crear fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
Su no ejecución, sostiene la UBA, "solo sigue profundizando esta crisis". El Consejo Superior fue contundente en su diagnóstico: "La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina". Y añadió que resulta "imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la ley, asignando en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios".
Por ello, en el artículo primero de la resolución, la universidad resolvió: "Encomendar al Sr. Rector, a través de la Secretaría General, el inicio de las acciones judiciales pertinentes a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795". La decisión de la UBA se enmarca en un clima de creciente tensión entre el Gobierno y las universidades públicas, que desde comienzos de año vienen denunciando el desfinanciamiento, la pérdida salarial y el deterioro institucional del sistema educativo superior. "El ataque a la Universidad Pública es un ataque a la democracia misma", repiten por estas horas voces del ámbito académico.
Con esta presentación judicial, la UBA busca frenar lo que considera un atropello al principio de legalidad y a la autonomía universitaria, y reafirmar su compromiso histórico con la educación pública, gratuita y de calidad.
