Hace una semana, la Corte Suprema cerró un caso y dejó vía libre para vender tierra rural argentina a extranjeros sin límites. Hoy corre inesperadamente y a toda velocidad para revisar el tema por otra puerta; es que en el medio hubo escraches, repudios de juristas y un clima social que no paraba de crecer. El jueves por la noche, Horacio Rosatti convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a primera hora, y los tiempos del tribunal se aceleraron de golpe.
Para entender el apuro hay que volver al fallo anterior. La Corte rechazó el reclamo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) con un argumento técnico: según los supremos, la organización no tenía "legitimación", es decir, no estaba habilitada para presentar esa demanda.

Con ese rechazo, quedó firme el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei, que derogó la Ley de Tierras y eliminó los topes para la compra de campos por parte de extranjeros, tal como quería el Gobierno.
Pero en el despacho había otro expediente sobre el mismo tema, olvidado desde agosto de 2024. Lo impulsan la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y lof Fvta Anecon además de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, junto con más de una decena de amparistas. Ese grupo pidió una medida cautelar para suspender la derogación, y nunca tuvo respuesta.

Su planteo es distinto al de los excombatientes porque defienden derechos colectivos: el cuidado del ambiente y el vínculo de los pueblos indígenas con sus territorios ancestrales. Después del fallo del CECIM, que ni siquiera mencionaba su causa, presentaron una "aclaratoria". Algo así como decirle a la Corte: "Se olvidaron de nosotros".
Lo que pasó por detrás es que los jueces habían elegido el caso del CECIM entre más de 32 causas pendientes sobre distintos aspectos del DNU 70, e incluso sobre su totalidad. En el tribunal hay quienes aseguran que el expediente de Árbol de Pie ni siquiera estaba en el radar. A principios de septiembre, los secretarios de los tres ministros se habrían reunido a analizar el tema con un único caso sobre la mesa.

Sabían cómo iba a terminar el fallo, pero quizás no midieron la reacción. Hubo protestas contra los supremos en un encuentro de jueces en San Martín de los Andes, frente al Palacio de Justicia y en la Facultad de Derecho. ### Tres jueces, una pelea y el bolillero
Aquí aparece el problema de una Corte con solo tres integrantes. Para dictar una sentencia hacen falta tres votos coincidentes. Si uno se planta, el tribunal se traba y, según las versiones que circulan en el Palacio, eso es lo que pasa: Carlos Rosenkrantz estaría dispuesto a sostener lo que ya firmó y ratificar la vía libre para extranjerizar la tierra rural mientras que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en cambio, no lo acompañarían esta vez. Con dos votos contra uno no alcanza, y la salida fue convocar a conjueces, jueces de otros tribunales que completan la Corte cuando falta mayoría.

Los nombres salieron por sorteo: Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, camarista de Mendoza. Lo habitual es que las partes tengan 72 horas para aceptarlos o recusarlos. Esta vez, la Corte redujo el plazo a 24 horas "en atención a las particulares circunstancias de la causa".
Es en este contexto que el escenario más fuerte sería conceder la cautelar. Eso suspendería el artículo 154 del DNU y volverían a regir los límites a la venta de tierras a extranjeros. Sería una medida poco común, pero no imposible. También podría devolver el expediente a la Cámara Federal de La Plata o al juzgado de Bariloche donde empezó todo, para que se resuelva allí. Y no se descarta una salida mixta, que combine algo de ambas opciones.

La decisión de la Corte debe ser rápida pues las horas corren, los días pasan y el 15 de octubre está a punto de llegar: Diputados debatirá el rechazo de todo el DNU 70, el decreto que desreguló la economía y derogó decenas de leyes. Ese mismo día habrá una movilización que nació por el financiamiento universitario y fue sumando reclamos, entre ellos la defensa de la Ley de Tierras.
Así las cosas, un nuevo fallo antes de esa fecha podría bajar la temperatura de la calle y del Congreso. La Corte Suprema que hace una semana parecía no notar el malestar ahora intenta llegar antes que la marcha.

