Reflexiones ante el triple femicidio de Florencio Varela: "Necesitamos que dejen de criminalizar el trabajo sexual"

Tras el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la sociedad vuelve a caer en un debate que revela prejuicios profundamente arraigados: ¿qué pasa cuando las víctimas son trabajadoras sexuales? 

El triple femicidio de La Matanza estremeció al país. Las tres jóvenes fueron asesinadas en un contexto de violencia machista y criminalización organizada, pero rápidamente, en redes sociales y medios, comenzó un proceso de juicio paralelo: se las nombró como "viudas negras", se cuestionó cómo se ganaban la vida y se deslizó la idea de que sus muertes eran menos graves o, incluso, esperables.

En este marco, BigBang dialogó con Rebe, trabajadora sexual y referente del espacio de Internet del sindicato AMMAR, para comprender cómo operan estos estigmas y de qué manera atraviesan la vida, la seguridad y la salud de quienes ejercen el trabajo sexual

La categorización de "buenas" y "malas" víctimas no es nueva; es un discurso que atraviesa los medios, las instituciones y también el sentido común. Funciona como un mecanismo de exclusión, donde si la mujer muerta era madre, estudiante o "de familia", se la compadece, mientras que si ejercía el trabajo sexual, se la culpa: "A mí me parece que la distinción entre buenas y malas víctimas tiene mucho que ver con la clase social, y cuando hablamos de clase social también hablamos de color de piel y de los lugares de donde venimos. Las malas víctimas venimos de los barrios populares, tenemos un color de piel, no tenemos acceso a los derechos más básicos como la educación, siempre se nos juzga por si estamos dentro del sistema, si seguimos estudiando", comenzó la distinción la entrevistada. 

La trabajadora sexual vincula esta estigmatización con casos resonantes como el de Melina Romero y, ahora, con las tres jóvenes asesinadas en La Matanza: "Parece que hay toda una construcción de mala víctima, de las trabajadoras sexuales, incluso de siempre tener que estar pegadas a la noche, como si nosotras no fuéramos dignas de andar de día laburando en un espacio público. Y sabiendo que esa 'mala vida', entre comillas, a nosotras nos da de comer, nos permite darle de comer a nuestros hijos, a nuestras familias".

Así como la sociedad juzga, el Estado no sólo las enjuicia sino que las excluye. La violencia institucional es parte del día a día: "Nunca se toman en cuenta las denuncias de las trabajadoras sexuales. Primero, porque la sociedad no está de acuerdo con que las putas trabajemos ofertando nuestros servicios sexuales. Ir a denunciar a la policía significa que nos relacionen con la trata de personas. A ver, no nos creen. Piensan que no somos competentes para elegir este trabajo, cuando en realidad quien debería cuidarnos es el Estado", sentenció Rebe.

Las preguntas que reciben al intentar denunciar no buscan justicia, sino juzgar: "Nos encontramos siempre con las preguntas de '¿cuánto cobrás?', '¿tenés hijos?', '¿por qué hacés esto?'. Y cuando te hacen esas preguntas y vos le estás contando que tu agresor te está haciendo un daño, ellos te dicen que lo tenés merecido por ejercer la prostitución".

El estigma también atraviesa a las trabajadoras sexuales en su rol de madres: "Parece que las putas no podemos tener hijos, no podemos maternar, no somos dignas. Nuestras maternidades no son tomadas en cuenta. El 86% de trabajadoras sexuales son madres solteras que mantienen solas a sus hijos, y cuando una va a denunciar nos empiezan a decir que si no tenemos vergüenza de que nuestros hijos se enteren. Nos ignoran, piensan que somos tontas", reflexiona la referente.

Incluso en hospitales se repite la discriminación: "Siempre nos mandan primero a hacernos chequeos de VIH, como pensando que no nos podemos cuidar, que no tenemos la potestad de nuestras vidas".

Rebe no habla de lo que alguna vez escuchó en la tele o lo que una colega le contó. Ella vivió en carne propia lo que es la violencia estatal y la discriminación social: "Mi última experiencia fue horrible. Estaba saliendo de un bar con un cliente, él estaba alcoholizado y vino la esposa, que me agarró de los pelos y me cagó a piñas delante de todos. Cuando llegó la policía, en lugar de protegerme, me dijeron que yo no tenía por qué estar con ese señor, que no tenía derecho a hacer una denuncia. Me amenazaron con meterme presa a mí si no me iba. Incluso me dijeron que si no tenía vergüenza de ser puta. La policía estuvo de acuerdo con los insultos y con la violencia que recibí", contó la cruda realidad que vive.

Derechos negados, vidas precarizadas 

El desgaste psicológico es una consecuencia constante: "Ir a denunciar es un desgaste emocional y psicológico muy grande. La salud mental también importa, y mucho más la de los pobres. Pero las mujeres pobres no tenemos acceso a eso. Salís más quebrada y más rota de lo que estabas", sostuvo  la trabajadora sexual.

 

Luego, enumeró las consecuencias de la discriminación que vive en su diaria: "No podemos alquilar una casa, ni siquiera una habitación de hotel, porque si decís que ejercés el trabajo sexual te cobran el doble o el triple. No podemos tener un crédito hipotecario, ni una cuenta bancaria, ni monotributo, ni jubilación. Al final, muchas veces las putas aparecemos muertas. Parece que la vida de las putas no vale, pero creo que aún así, los que nos ha salvado durante estos treinta años que existe el sindicato fue la organización y la solidaridad colectiva", resaltó el acompañamiento colectivo.

Para Rebe, un cambio urgente pasa por revisar la legislación vigente: "A mí me parece que un cambio que tiene que haber en la sociedad en primera instancia es que el trabajo sexual deje de estar criminalizado y para eso necesitamos modificar la ley antitrata. La ley antitrata no contempla esta palabra que se usó durante mucho tiempo y es el consentimiento, no contempla que las trabajadoras sexuales somos un sujeto político y damos nuestro consentimiento al ejercer el trabajo sexual, siempre y cuando sean mayores de 18 años y ambas partes estén de acuerdo".

La trabajadora sexual insistió en que hablar de consentimiento es clave para diferenciar entre explotación y ejercicio autónomo, y para garantizar que se respeten los límites que cada persona pone en su vida y en su trabajo. 

En un mensaje final, Rebe busca desarmar ciertos prejuicios: "A quienes creen que nosotras nos exponemos solas les digo que no es una realidad solamente de las trabajadoras sexuales. Las mujeres pobres en una Argentina con una economía y una sociedad rota tenemos más probabilidades de morirnos, más probabilidades de no tener derechos. Esto no nos pasa por putas. Nos pasa por ser mujeres, por venir de los barrios populares, por ser pobres".

Y concluyó con un llamado a un Estado ausente y a una sociedad que muchas veces culpa a la víctima antes que al asesino: "Necesitamos que dejen de criminalizar el trabajo sexual. Que la sociedad entienda que somos vecinas, madres, hermanas. Queremos acceso a la salud, a la jubilación, a un recibo de sueldo para alquilar, a una vida digna. Que dejen de matarnos y que de una vez por todas entiendan que el trabajo sexual es trabajo".