22 Diciembre de 2025 16:46
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entregue información pública sobre el envío de lingotes de oro al exterior. La decisión, firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, revoca una sentencia de primera instancia y pone en evidencia los principios de transparencia y acceso a la información pública que se transgiversan todos los días en el gobierno de Javier Milei.
El caso tiene su origen en varios pedidos realizados por la Asociación Bancaria en julio y agosto de 2024, amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública. Los requerimientos solicitaban detalles sobre las operaciones de exportación de lingotes, incluyendo decisiones administrativas, funcionarios involucrados, expedientes y contrataciones relacionadas.

Sin embargo, en primera instancia, el recurso fue rechazado bajo el argumento de que la divulgación podría comprometer la seguridad de las reservas y el sistema financiero, amparándose en el artículo 8 de la Ley 27.275.
La Cámara, sin embargo, adoptó un enfoque diametralmente opuesto. En su fallo, afirmó que "la forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia". Además, sostuvo que la negativa del Banco Central se basó en "meras afirmaciones genéricas" y no demostró de manera concreta cómo la difusión de los datos solicitados podría dañar un interés legítimamente protegido.

Los jueces también subrayaron que el Banco Central no justificó por qué no podía informar sobre aspectos clave como la existencia de operaciones de envío de lingotes al exterior, los montos involucrados o las decisiones administrativas correspondientes. En este sentido, recalcaron que "la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado".
El tribunal destacó que el manejo de las reservas internacionales es un tema de "indudable interés público" y recordó que el derecho al acceso a la información debe regirse por el principio de máxima divulgación. En esta misma, ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o explique detalladamente por qué ciertos datos no pueden ser divulgados y cómo su publicación podría afectar al sistema financiero o a los intereses del organismo.