Otra ola de tensión
12 Mayo de 2026 10:38
En medio de una nueva Marcha Federal Universitaria contra el ajuste educativo, el gobierno de Javier Milei quedó otra vez en el centro de la polémica tras confirmarse un recorte de más de 78 mil millones de pesos en partidas destinadas al área de Educación. El ajuste, revelado en un informe de ASAP, impacta sobre prácticamente todos los programas sensibles del sistema educativo nacional: desde infraestructura escolar y alfabetización hasta salarios docentes, políticas socioeducativas y financiamiento universitario. La cifra total asciende a $78.711 millones y representa una reducción neta del 1,2% sobre el presupuesto vigente de la Secretaría de Educación.
Pero detrás del número global aparecen recortes mucho más profundos en áreas estratégicas. El golpe más fuerte cayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones, equivalente a una baja del 5,9%. En paralelo, Infraestructura y Equipamiento sufrió una poda todavía más severa en términos porcentuales: $21.687 millones menos, lo que implica un recorte del 46,6% de sus fondos.
El Fondo de Compensación Salarial Docente también quedó bajo la motosierra libertaria, con una quita de $8.930 millones, es decir, un tercio de sus recursos. A eso se suman recortes en Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (-$6.650 millones), Actividades Centrales (-$4.768 millones), Formación Docente, evaluación educativa e innovación tecnológica. Incluso el sistema universitario volvió a quedar bajo presión.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) sufrió una reducción presupuestaria y, además, se eliminó una partida de $48.000 millones destinada a asistencia financiera para organismos dependientes de la Secretaría de Educación. La decisión profundizó el clima de conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales, justo el mismo día en que miles de estudiantes, docentes y rectores vuelven a movilizarse en todo el país denunciando "desfinanciamiento" y "vaciamiento" del sistema público. Pero lejos de retroceder, el oficialismo endureció todavía más el discurso.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, salió públicamente a desacreditar tanto la marcha como las denuncias de ajuste. "El presupuesto universitario es arbitrario", afirmó el funcionario, quien además sostuvo que el sistema "nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios". Álvarez acusó a las universidades de responder a intereses partidarios y gremiales y calificó la protesta nacional como "un acto opositor totalmente": "La universidad está controlada por dos corporaciones, la política, mayoritariamente del radicalismo, y la sindical mayoritariamente del peronismo y ese es el esquema que vamos a ver hoy".
También apuntó directamente contra la movilización universitaria: "Es un acto opositor totalmente, está todo desvirtuado, no nos gusta que usen a la gente para esconderse detrás, que usen una causa noble donde se esconde la política, te ponen adelante los guardapolvos blancos para esconderse atrás". Las declaraciones generaron un fuerte malestar en el ámbito académico, especialmente porque se dieron en simultáneo con el reclamo de docentes y estudiantes por salarios deteriorados y caída del financiamiento. El funcionario además intentó relativizar el impacto del recorte presupuestario y negó que se trate de fondos educativos afectados.
De hecho, sostuvo: "Quiero aclarar que esos no son fondos de Educación, son del Ministerio de Economía del área de Obras Públicas, y estaban destinados a obras en las universidades planificadas desde el Gobierno anterior y que no se continuaron, no son fondos del Presupuesto 2026". Según Álvarez, muchas de esas obras eran "muy cuestionables" y carecían de sentido pedagógico. "En una universidad, ¿qué querés hacer, un auditorio o aulas? Nosotros priorizamos aulas, y esas obras no estaban justificadas por razones pedagógicas", afirmó.
El funcionario insistió en que "no se recortaron presupuestos universitarios" y acusó a las autoridades académicas de "agitar la marcha" con información falsa. También cuestionó particularmente a la Universidad de Buenos Aires por sus reclamos vinculados a los hospitales universitarios. "La UBA reclama otra cosa y no lo dice", aseguró, antes de explicar que el conflicto gira alrededor de un fondo extraordinario de 80 mil millones de pesos destinado a hospitales universitarios de todo el país. "Ellos quieren tener el 95% de eso", acusó.
En otro tramo de sus declaraciones, Álvarez sostuvo que el sistema universitario "se resiste a cumplir con la más mínima exigencia y la más mínima revisión de gastos". Y agregó: "Nos cuesta cada ingeniero 42 millones de pesos, y no puede ser que haya universidades en donde un graduado sale 400 millones o más". El Gobierno busca avanzar hacia un esquema de financiamiento basado en "indicadores objetivos", según explicó el subsecretario, quien detalló que actualmente se cruzan datos de cantidad de docentes y alumnos para redefinir futuras asignaciones presupuestarias.
