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12 Mayo de 2026 09:26
La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. Mientras continúa bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con un polémico viaje a Punta del Este, ahora la Justicia puso el foco sobre los negocios de su esposa, Bettina Angeletti, y sobre los contratos que su consultora habría mantenido con importantes proveedores del Estado nacional. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli avanzan sobre una causa que busca determinar si la consultora +BE, propiedad de Angeletti, fue beneficiada de manera irregular mediante contrataciones vinculadas a empresas que hacen negocios millonarios con el Estado.
En una medida clave, Lijo ordenó a las firmas Datco, National Shipping y Foggia Group que entreguen al juzgado toda la facturación realizada con +BE. El objetivo es reconstruir el circuito comercial y determinar si existió algún tipo de direccionamiento, favoritismo o posible retorno de fondos públicos hacia el entorno familiar del jefe de Gabinete. La causa, iniciada tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, todavía se encuentra en etapa preliminar y no tiene imputaciones formalizadas.
Sin embargo, el expediente ya avanza sobre un entramado de relaciones comerciales que despierta fuertes sospechas dentro de los tribunales federales. El expediente judicial pone especial atención sobre el perfil de las empresas involucradas. Datco es proveedora de organismos estatales como ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping mantiene contratos millonarios con YPF; mientras que Foggia Group aparece vinculado a la concesión de Tecnópolis.
El vínculo con YPF resulta particularmente sensible. La denuncia sostiene que National Shipping, además de ser contratista de la petrolera estatal, también figura como cliente de la consultora de la esposa de Adorni. El dato adquiere una dimensión política aún mayor porque el actual jefe de Gabinete fue designado en enero de 2026 como director titular de YPF en representación del Estado.
En los tribunales de Comodoro Py empiezan a mirar con atención la posibilidad de que la consultora +BE haya funcionado como una estructura de intermediación vinculada a contratistas estatales favorecidos por el oficialismo. La hipótesis judicial apunta a determinar si parte de esos contratos podían constituir mecanismos indirectos de retorno económico hacia el entorno del funcionario.
Por eso, además de exigir la facturación completa entre las empresas y +BE, Lijo ordenó una batería de medidas complementarias. La Inspección General de Justicia deberá identificar a los beneficiarios finales de las compañías investigadas y remitir sus legajos societarios. A su vez, la Oficina Nacional de Contrataciones tendrá que informar si las firmas señaladas son proveedoras recurrentes del Estado y acompañar toda la documentación vinculada a las licitaciones adjudicadas.
La fiscalía busca establecer si esos procesos se ajustaron a estándares de transparencia o si existió algún esquema de "ventanillas" montadas para beneficiar a determinados grupos empresarios cercanos al poder. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita investiga el patrimonio del jefe de Gabinete en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que ya derivó en el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA tanto de Adorni como de Angeletti.
Esa investigación apunta especialmente a los movimientos de dinero vinculados a la compra y remodelación de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La Justicia intenta determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por el funcionario y los gastos realizados. Además, bajo análisis aparecen movimientos entre billeteras virtuales y cuentas bancarias que podrían rondar los 100 mil dólares, aunque el monto definitivo todavía no fue establecido debido a que continúan los peritajes financieros. En la reconstrucción patrimonial también surgieron bienes heredados tras el fallecimiento del padre de Adorni, entre ellos el 33% de un terreno y un departamento donde actualmente reside su madre.
