Deterioro del poder adquisitivo
04 Mayo de 2026 08:21
Desde este lunes 4 de mayo, viajar en colectivo y subte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ser más caro. El nuevo incremento, que en algunos casos supera el 11%, se suma a una seguidilla de aumentos mensuales que ya ubican al transporte público muy por encima de la inflación acumulada del último año y golpean de lleno el bolsillo de millones de trabajadores.
El aumento general para las líneas porteñas y bonaerenses fue del 5,4%, en línea con el mecanismo de actualización automática que combina inflación más dos puntos porcentuales. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires el ajuste terminó siendo aún más agresivo: alcanzó el 11,16% por el impacto adicional del aumento del gasoil, uno de los principales costos operativos del sistema.
Con este nuevo esquema, el boleto mínimo en territorio bonaerense pasó a costar $968,57, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires quedó en $753,86 y en las líneas nacionales se mantiene en $700 con SUBE registrada. La consecuencia es una postal cada vez más absurda dentro del mismo AMBA: usuarios que recorren trayectos similares pagan hasta un 38% más dependiendo de qué línea tomen y bajo qué jurisdicción opere.
El subte tampoco quedó afuera del ajuste. El pasaje se elevó a $1.490,36, consolidando una escalada tarifaria que convierte al transporte en uno de los rubros más sensibles de la economía doméstica. Los números muestran con claridad el impacto del esquema aplicado por los gobiernos de Javier Milei, Jorge Macri y Axel Kicillof: en apenas un año, el transporte urbano acumuló aumentos del 39,47% en provincia y del 27,01% en la Ciudad, ambos por encima de la inflación del período. El resultado inmediato ya se siente en las calles y estaciones: cada vez menos gente puede pagar el viaje cotidiano.
Según datos del sector, la cantidad de pasajeros cayó un 11% en marzo y se desplomó un 21% en abril. El fenómeno refleja una combinación explosiva entre deterioro salarial, aumentos permanentes y reducción de subsidios estatales. El golpe también quedó reflejado en un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/CONICET), que calculó que una familia tipo del AMBA destinó en marzo unos $101.026 mensuales al transporte público. En muchos hogares, el gasto para viajar ya compite directamente con alimentos y servicios esenciales.
Mientras Nación, Provincia y Ciudad se culpan mutuamente por el financiamiento, el usuario termina absorbiendo el costo del ajuste. En el gobierno bonaerense admiten que tienen "poco margen fiscal" para sostener subsidios, mientras que desde la Ciudad argumentan que aún cubren el 70% de la tarifa con aportes estatales. En paralelo, el Gobierno nacional analiza nuevos aumentos para las líneas bajo su órbita, lo que anticipa que el impacto sobre el bolsillo todavía está lejos de frenarse.
El trasfondo de la discusión es el mismo desde hace meses: quién paga la crisis del transporte. La respuesta parece cada vez más clara. Mientras las empresas reclaman compensaciones millonarias y los gobiernos negocian transferencias de fondos para evitar un colapso operativo, millones de pasajeros enfrentan viajes más caros, frecuencias reducidas y salarios que no alcanzan. Durante marzo, varias líneas llegaron a recortar servicios hasta un 30% por la incertidumbre generada por el aumento del combustible.
Aunque oficialmente aseguran que hoy la reducción de frecuencias bajó a menos del 5%, en muchas paradas del conurbano los usuarios todavía padecen largas esperas y unidades saturadas. La fragmentación tarifaria del AMBA agrega otro elemento de desigualdad. El sistema funciona dividido entre líneas nacionales, porteñas y bonaerenses, cada una con subsidios, criterios y aumentos distintos. El resultado es un esquema caótico donde el acceso al transporte depende cada vez más de la capacidad de pago.
