¿Manotazo de ahogado?
23 Septiembre de 2025 09:29
El proceso judicial contra la jueza Julieta Makintach acaba de dar un giro explosivo. A solo diez días de que la Justicia de San Isidro la imputara por cohecho, abuso de autoridad y otros tres delitos, la defensa de la magistrada presentó una denuncia penal contra miembros del Ministerio Público del mismo fuero, acusándolos de haber manipulado pruebas en su contra en el marco del escándalo por el documental Justicia Divina, basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
La presentación, firmada por su abogado Darío Saldaño ante la Procuración General bonaerense, apunta de lleno contra la secretaria de la Defensoría de Juicio, Marina Rodríguez, quien habría confeccionado un acta con "apariencia judicial" para incorporar al expediente un tráiler de un supuesto documental sobre el debate judicial por el fallecimiento del astro.
Según la denuncia, ese documento carece de datos elementales -marca y modelo del celular, IMEI, número de abonado, origen y duración del archivo- y no cumple con los requisitos mínimos de identificación de funcionarios, lugar, firmas ni testigos hábiles. "Plantaron un video y manipularon pruebas", aseguró Saldaño en diálogo con Noticias Argentinas. A su juicio, el material audiovisual fue incorporado de manera irregular, sin cadena de custodia ni control de legalidad.
Esto -advirtió- viola de lleno el artículo 265 bis del Código Procesal Penal bonaerense. La propia médica esteticista Pereyra, involucrada en el expediente, negó haber tenido vínculo con Rodríguez ni haber facilitado el material audiovisual, lo que refuerza la sospecha de que el video fue obtenido de forma ilegal. Para la defensa, esta maniobra no solo configura falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad, sino también la ocultación deliberada de pruebas.
Makintach sostiene que la causa en su contra fue "armada" para empujar su destitución mediante un jury de enjuiciamiento. Y apunta contra una práctica aún más grave: el ocultamiento de información a las partes durante tres meses, lo que -según la denuncia- quebrantó garantías constitucionales básicas como la defensa en juicio, la publicidad de los actos procesales y el principio de contradicción.
El escrito pide investigar a los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa y solicita que el trámite no recaiga en San Isidro, para garantizar imparcialidad. Incluso ofrece testigos de peso, entre ellos ex jueces y abogados que podrían aportar conversaciones y documentos clave. Detrás del caso emerge un doble escándalo: por un lado, el debate sobre la conducta de una magistrada señalada por utilizar un juicio tan sensible como el de Maradona para un proyecto audiovisual. Por otro, las denuncias de manipulación probatoria que, de confirmarse, dejarían al desnudo un sistema judicial dispuesto a falsear documentos con tal de sostener una acusación.
