Fentanilo, adicción, videos y muerte: cómo sigue la investigación del oscuro circuito detrás del escándalo que sacude a la anestesiología

Las imágenes son frías, casi quirúrgicas. Pero lo que muestran es todo lo contrario: una historia atravesada por la adicción, la desesperación y un sistema que parece haber fallado en múltiples niveles. Una médica anestesióloga, una orden falsificada, ampollas de fentanilo y un recorrido registrado por cámaras de seguridad que hoy se convierte en prueba clave de un escándalo que no deja de crecer. Florencia A., de 34 años, aparece en las grabaciones junto a su madre dentro del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay, en Vicente López. Lleva gafas de sol, a pesar de estar en un espacio cerrado. Se sienta, espera, y luego ejecuta con aparente naturalidad una maniobra que, según la imputación, fue deliberada y planificada: saca un recetario, completa una orden médica y la presenta en farmacia.

El detalle para los investigadores es central: esa orden, sostienen, era falsa. En ella se consignaba una cirugía inexistente a nombre de su propia madre. Minutos después, la escena continúa. Un empleado le permite el acceso al depósito de medicamentos. Cuando sale, lleva una bolsa blanca. En su interior, las ampollas de fentanilo. Luego se retira. Todo queda registrado. La acusación es grave. La joven enfrenta una causa de defraudación por administración fraudulenta agravada por tratarse de material público, tenencia de estupefacientes y falsificación de instrumento público. Pero detrás del expediente, emerge otra dimensión.

Ante la fiscal Marcela Semería, la médica no negó los hechos. Por el contrario, confesó. Admitió haber sustraído el opioide y reconoció su adicción, no solo al fentanilo, sino también a psicofármacos como el clonazepam. Su relato traza una línea que se remonta a años atrás. Según declaró, el vínculo con estas sustancias comenzó "desde chica", en un entorno donde tenía acceso a botiquines médicos familiares. No habló de estrés laboral ni de presión profesional. Habló de una dependencia más profunda, más antigua. Dijo haber intentado tratarse. Que fue "puesta a disponibilidad" en su trabajo. Pero también admitió haber recaído.

El allanamiento a su domicilio terminó de completar el cuadro: ampollas rotas de fentanilo, midazolam, fluoxetina, haloperidol y otros fármacos. Un cóctel que expone un consumo sostenido y descontrolado. Como si eso no fuera suficiente, otra grabación la muestra en estado de intoxicación severa, siendo asistida por personal médico. La imagen de quien debía administrar anestesia, convertida en paciente.  La fiscal pidió su detención. El pedido ya fue avalado. 

Apenas dos meses atrás, la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar abrió una grieta inquietante en el mismo universo. Fue encontrado sin vida en su departamento, con una vía conectada y restos de propofol y midazolam en su cuerpo. La autopsia determinó que murió por una "congestión y edema pulmonar meningoencefálico". Las pericias toxicológicas aún están en curso. Alrededor de su muerte, crecieron versiones sobre las llamadas "propofest": supuestas fiestas privadas donde se consumían anestésicos en contextos recreativos. Sin embargo, hasta ahora, los investigadores son categóricos: "Hasta ahora, las Propofest son un mito urbano".

No hay pruebas. No hay imputados. Solo rumores, audios y un imaginario que crece al calor de cada nuevo dato. Sin embargo, los casos empiezan a dialogar entre sí. Una médica que roba fentanilo. Un anestesiólogo muerto con drogas en su cuerpo. Denuncias por faltantes de medicamentos en hospitales. Profesionales de la salud involucrados en circuitos de consumo que deberían controlar. La pregunta ya no es solo judicial. Es estructural. ¿Qué pasa dentro de un sistema donde quienes administran sustancias críticas pueden, al mismo tiempo, volverse dependientes de ellas? ¿Qué controles fallaron? ¿Qué señales se ignoraron?