21 Abril de 2023 13:57
El último 12 de marzo, Abril Fernández, una joven de once años con discapacidades psicológicas y motrices, falleció por la aspiración de gases tóxicos debido a un incendio que se originó en su hogar de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Mientras que al principio, y de acuerdo a las heridas que tenía su madre, Sonia Irene Lara, parecía que no había nada sospechoso detrás del "accidente", la Justicia investigó y determinó, a partir de los resultados de las pericias, que la tragedia fue intencional.
La investigación a cargo del fiscal Francisco Assat de la Fiscalía de Instrucción Nº1 local, descubrió que el origen de las llamas dentro de la casa de la manzana 7191 del barrio La Ribera tuvo diferentes focos originados con nafta, además de otros elementos inflamables, que fueron iniciados con fósforos. Además, dentro del hogar se halló un ticket de tres bidones de nafta comprados el día previo, según el trabajo que realizaron desde el Cuerpo de Bomberos en el lugar. Un dato que comprometió aún más a la acusada.
A su vez, para el fiscal, la presunta asesina trabó las puertas de la casa antes de hacer lo que hizo, sabiendo que la incapacidad de su hija la condenaría a muerte. "La menor poseía una discapacidad. Tenía un síndrome que se denomina Anomalía del Par 8 Cromosómico, que produce ciertas dificultades tanto motoras como psíquicas", informó el fiscal en una conferencia de prensa.
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Por todas estas conclusiones sacadas fue que Assat la acusó a Lara de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía", un crimen que prevé prisión perpetua. El nivel de pruebas expuestas por el Ministerio Público Fiscal llevó a que se aprobara la prisión preventiva sobre la acusada. Aunque, lejos de haber pasado tiempo tras las rejas, hasta el momento la mujer no fue a prisión y goza del privilegio de la detención domiciliaria, tras haber pasado casi un mes recuperándose de las quemaduras sufridas.La decisión no tendría nada que ver con el crimen cometido o su necesidad de que sea juzgado, sino que es el resultado de la pericias psiquiátricas que se le realizaron a la mamá de la chica asesinada, que determinaron que no está en condiciones -por el momento- de ir tras las rejas.
"La imputada se encuentra cursando un estado patológico psiquiátrico, lo cual no nos permitía asegurarnos de que se pueda estar conservando su seguridad", reconoció Assat, en referencia a que la mujer no puede garantizar no ser una amenaza para ella misma o para terceros y terceras.
Al mismo tiempo, el fiscal reconoció que en cuanto tenga una pericia que certifique la mejoría de Lara en su poder, pedirá que se la prive de su beneficio de prisión domiciliaria y que vaya a una cárcel común como cualquier otro ciudadano o ciudadana.
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Durante la conferencia de prensa en donde se expuso todo este terrible caso, también habló el coordinador de Gestión del Ministerio Público Fiscal de San Luis, Maximiliano Balza, quien se refirió al posible móvil del brutal crimen. Según lo expuesto, un conflicto entre la madre y el padre biológico de la víctima derivaron en una disputa legal por el régimen de visitas.La Justicia de Familia había resuelto darle la posibilidad de que duerma un fin de semana en lo del papá, lo que habría despertado la furia de Lara y, probablemente, la determinación de cometer un cruel asesinato contra su propia hija.
"No había antecedente de violencia de la madre hacia la hija. Existían antecedentes de expedientes que tramitaron en juzgados de familia, en los que se estaba debatiendo el régimen de visita y lo que eran situaciones de violencia, pero existente entre las pareja, nunca con la menor como víctima. La madre era quien tenía la potestad", detalló Balza durante la conferencia.
Los tiempos judiciales deberán cumplirese. Pero las pruebas expuestas son muy contundentes. Esto es así a tal punto de que el juez de Garantías Nº4, Santiago Ortiz, dictó, además de la prisión preventiva, una prohibición de acercamiento a la vivienda donde ocurrió todo, una perimetral hacia el padre biológico y una evaluación psiquiátrica semanal a la acusada durante los próximos cuatro meses.
