En Santa Fe
21 Mayo de 2025 13:25
En un caso que sacude a la comunidad de Roldán, provincia de Santa Fe, dos policías, aquellos que deberían garantizar la seguridad ciudadana, enfrentan graves acusaciones por un delito atroz. Lautaro Álvarez, de 26 años, y Ezequiel Puntano, de 27 años, están imputados por el abuso sexual de una adolescente, un crimen que pone en evidencia el abuso de poder y la impunidad que muchas veces parecen rodear a las fuerzas de seguridad.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 3 de marzo de 2023, en una zona periférica de la ciudad. Según la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, los oficiales, quienes estaban en funciones y patrullaban los alrededores de la ruta A-012, interceptaron a una joven que caminaba sola. Lo que debería haber sido un acto de protección por parte de quienes portan el uniforme del Estado, se convirtió en una pesadilla.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público Fiscal, Puntano, al volante del móvil policial, ofreció "ayuda" a la menor. Álvarez, por su parte, descendió del vehículo para hacerle lugar en el asiento trasero y, una vez que la adolescente estuvo dentro del patrullero, el escenario cambió radicalmente: Álvarez se trasladó al asiento trasero y, con el vehículo estacionado y las luces apagadas, cometió el abuso sexual mientras su compañero permanecía al frente, siendo partícipe silencioso y activo del horror.
El ataque solo se detuvo cuando una llamada de radio interrumpió a los oficiales. Posteriormente, llevaron a la víctima hasta su domicilio, pero no sin antes amenazarla para que guardara silencio sobre lo sucedido. Este último acto no es menor: representa el peso del miedo y la coacción que ejercen quienes ostentan un poder que debería estar al servicio de la ciudadanía.
La fiscal Noelia Riccardi presentó una acusación contundente contra ambos implicados. Lautaro A. fue imputado como autor del abuso sexual con acceso carnal agravado, mientras que Ricardo P. quedó señalado como partícipe primario del delito. Es por estos delitos que la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión para ambos acusados.
Es que aunque las responsabilidades individuales difieren, el pedido refleja la magnitud del daño causado y la traición al rol institucional que los oficiales representaban. En la audiencia preliminar al juicio oral, llevada a cabo ante el juez Hernán Postma, se presentaron testimonios y medios de prueba que serán analizados durante el proceso judicial.
Este caso plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿quién nos cuida de la policía? La comunidad de Roldán exige justicia y respuestas claras. Este no es un caso aislado: el accionar de los oficiales viene siendo cuestionado a lo largo y a lo ancho del país y con el correr del tiempo se conocen cada vez más casos de violencias perpetuadas por los oficiales que deberían garantizar la seguridad pública pero que en definitiva, perpetúan las violencias por razones de género.
