Memoria, Verdad y la Justicia
Lo que debía ser una discusión académica sobre el tratamiento del asma terminó convirtiéndose en uno de los episodios más graves que recuerda la comunidad universitaria de Olavarría en los últimos años. Una simple observación realizada por una estudiante de tercer año de Medicina derivó en una respuesta estremecedora por parte de un docente, que evocó las prácticas represivas de la última dictadura militar y desató una crisis institucional que todavía genera conmoción.
El hecho ocurrió el pasado 5 de junio durante una clase del Módulo 6 de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN. Según reconstruyeron estudiantes presentes en el aula, la joven intervino en el análisis de un caso clínico para señalar una actualización en las guías médicas para el tratamiento del asma. La discusión, de acuerdo con todos los testimonios recogidos, fue exclusivamente académica.
No hubo referencias políticas ni ideológicas. Sin embargo, la respuesta del profesor Walter Ressia dejó paralizado al curso. "A esta hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí", lanzó el docente frente a sus alumnos. La frase cayó como una bomba dentro del aula. No se trató solamente de una amenaza de muerte. La referencia al Falcon verde evocó inmediatamente uno de los símbolos más oscuros del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar, cuando esos vehículos fueron utilizados en secuestros, desapariciones forzadas y operativos represivos.
La estudiante decidió denunciar formalmente lo ocurrido ante las autoridades universitarias. Según trascendió, la joven pidió preservar su identidad y explicó que el intercambio se había originado por una diferencia de criterios respecto del abordaje farmacológico de un cuadro de asma. Mientras ella sostenía que las nuevas guías recomendaban incorporar formoterol al tratamiento, el docente defendía otro esquema terapéutico. Lo que debía resolverse mediante argumentos científicos terminó derivando en una expresión que hoy es repudiada por toda la comunidad educativa.
La denuncia rápidamente encontró respaldo en otros estudiantes presentes en la clase. El Centro de Estudiantes recopiló testimonios y documentación que fueron elevados a las autoridades académicas, dando sustento a la presentación formal. La repercusión fue inmediata. Frente a la gravedad del episodio y al creciente rechazo público, Ressia presentó su renuncia. Pero dentro de la universidad dejaron en claro que el alejamiento voluntario del docente no podía clausurar el debate ni borrar la gravedad de lo ocurrido.
A través de la Resolución 51/26, el Consejo Académico de la Facultad formalizó un contundente repudio institucional, incorporó los pronunciamientos de los distintos claustros y solicitó que los antecedentes del caso sean incorporados al legajo docente para que sean considerados en eventuales futuras designaciones. "Ninguna renuncia puede sustituir la responsabilidad colectiva de nombrar la violencia, rechazarla y actuar para que no vuelva a repetirse", señalaron desde la unidad académica.
Las expresiones de rechazo no tardaron en multiplicarse. Consejeros y consejeras superiores y académicos de la Universidad Nacional del Centro difundieron un duro documento en el que calificaron lo sucedido como un acto de extrema gravedad: "Una estudiante hizo una pregunta y, desde una posición de autoridad, se le respondió evocando su muerte y la desaparición de su cuerpo. Lo decimos con claridad: esto no fue un exceso verbal ni un comentario desafortunado. Fue un acto de violencia".
En el mismo texto remarcaron que la amenaza combinó violencia de género con una referencia explícita al terrorismo de Estado. "El Falcon verde no es una imagen cualquiera: es uno de los emblemas más reconocibles de la última dictadura", advirtieron. Para los consejeros, el episodio resulta aún más alarmante por haberse producido en una institución encargada de formar profesionales dedicados al cuidado de la salud y de la vida humana. "No es posible formar a quienes tendrán a su cargo el cuidado de la vida y la dignidad de las personas en un contexto que tolere, minimice o relativice expresiones de violencia, intimidación y abuso de poder", sostuvieron.
Además de respaldar las medidas ya adoptadas por la Facultad, reclamaron una intervención formal del Consejo Superior de la UNICEN y propusieron profundizar políticas de prevención mediante la implementación obligatoria de la Ley Micaela, el fortalecimiento de los protocolos contra la violencia de género y la creación de espacios permanentes de formación en derechos humanos, violencia institucional y Memoria, Verdad y Justicia. La indignación también atravesó los límites de la universidad. El Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad un pronunciamiento de repudio acompañado por todos los bloques políticos.
Durante el debate, distintos concejales coincidieron en que las palabras del docente remiten a "las épocas más oscuras" de la historia argentina y reclamaron que el caso siente un precedente ejemplificador. Mientras tanto, continúan los reclamos para que el episodio no quede reducido a una renuncia. Desde distintos sectores de la comunidad universitaria insisten en que lo ocurrido obliga a una reflexión mucho más profunda sobre los límites del ejercicio de la autoridad dentro de las aulas y sobre la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia en los espacios educativos.
