En el intrincado laberinto de la política libertaria, pocos fueron nombrados tanto en las últimas semanas como el de Manuel Adorni, el actual jefe de Gabinete, al que parece quedarle cada vez menos tiempo en su cargo; es que, cada día que pasa, nuevas revelaciones ponen en jaque su imagen pública, y la última no es la excepción: un alquiler en un exclusivo country y pagos en efectivo por adelantado, muy la estilo del ex vocero de Javier Milei.
El episodio más reciente tiene como protagonista a Silvia Pais, madre del funcionario, quien se mudó al lujoso barrio cerrado Fincas de Iraola II, en Berazategui. ¿El costo? Nada menos que 12 mil dólares pagados en efectivo y por adelantado para cubrir un año entero de alquiler. Pero lo más llamativo no es solo la cifra —que ya de por sí despierta rostros escandalizados— sino la peculiar "ingeniería" diseñada para que el nombre de la madre de Adorni no figure en los papeles. En su lugar, el contrato fue firmado por Juan Pais, hermano de Silvia y tío del jefe de Gabinete.

El fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa por enriquecimiento ilícito contra Adorni, incorporó estos datos al expediente luego de recibir documentación clave del consorcio del country. Según los registros entregados, además del pago inicial en dólares, las expensas mensuales rondan los 500 mil pesos, una cifra que no pasa desapercibida en un contexto económico donde la "austeridad" es una palabra recurrente en los discursos oficiales.
Ni más ni menos que el "cuento del tío". Como si de un mal chiste se tratara, la inclusión del tío Pais en el contrato es un intento burdo de ocultar la relación directa entre los gastos y la familia Adorni. Y si bien Manuel Adorni parece ser el epicentro del escándalo, su familia no se queda atrás.

Su hermano Francisco Adorni, legislador bonaerense, también enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito: Entre las pruebas que complican su situación destacan las inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. En un intento por justificar lo injustificable, Francisco presentó dos rectificaciones consecutivas de su patrimonio, reduciendo drásticamente los montos declarados inicialmente. Sin embargo, las cifras siguen sin cuadrar.
Por si fuera poco, otra revelación pone aún más presión sobre el jefe de Gabinete: según un peritaje al teléfono del contratista Matías Tabar —un testigo clave en la causa—, Adorni y su querida esposa Bettina Angeletti, habrían gastado nada menos que 8 millones de pesos en un juego de sábanas premium. Sí, leyó bien: 8 millones de pesos en blanquería. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a más del doble del salario mensual que percibía Adorni cuando aún era vocero presidencial.

La justicia también investiga cómo es posible que los gastos personales y familiares del funcionario y su círculo íntimo asciendan a casi un millón de dólares desde que asumió su cargo. Entre alquileres pagos en efectivo, compras extravagantes y declaraciones patrimoniales dudosas, el caso Adorni es una verdadera maraña de inconsistencias que amenaza con arrastrar al pozo del olvido político no sólo al funcionario sino a toda su casta.
Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita avanza con nuevas medidas de prueba para esclarecer el origen del dinero que financia este estilo de vida tan alejado del común denominador argentino. Entre otras cosas, se espera un informe contable del Ministerio Público Fiscal que podría ser clave para determinar si existen delitos financieros o irregularidades fiscales detrás de estos movimientos.

