Otra criptoestafa
26 Septiembre de 2025 13:10
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a quedar en el centro de la tormenta: este viernes, las redes sociales de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron hackeadas y utilizadas para promocionar criptomonedas falsas, dejando en evidencia las graves falencias en ciberseguridad que arrastran las fuerzas bajo su mando. A las 10.30 comenzaron a aparecer mensajes inusuales en la cuenta oficial de X de la PFA. "Policía Federal Argentina y Mira Network ¡Ya llegó el gran airdrop de $MIRA! Únete a traders, stakers y poseedores de NFT", decía el primer posteo, acompañado de un video y un link que derivaba a un sitio fraudulento: miranetwork.com.de.
Poco después, otro mensaje promocionó la cripto $XPL con un enlace similar, utilizando la vieja estafa de la tipografía: reemplazar la "l" por una "i" para engañar a los usuarios. Más de dos horas después, la fuerza todavía no había recuperado el control de sus cuentas. El ministerio de Seguridad no emitió comunicado alguno, pese a la catarata de comentarios que exigían respuestas y que recordaban que a Bullrich ya le había ocurrido lo mismo en 2017, cuando era ministra en el gobierno de Mauricio Macri. Recién pasado el mediodía, la PFA publicó un escueto comunicado: "La cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos".
Y agregaron: "Frente a este hecho grave, se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial. El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y san-cionar a los responsables conforme a la ley. La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corres-ponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales". Lo cierto es que el episodio no es aislado. En enero, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también fue hackeada.
En aquella oportunidad, los atacantes manipularon los recibos de sueldo de los efectivos, crearon mutuales fantasmas y llegaron a descontar entre 2.000 y 5.000 pesos a los trabajadores. En aquel momento se habló de un "robo hormiga", pero lo más grave fue que los hackers accedieron a toda la base de datos de la fuerza, con la nómina completa de efectivos policiales y civiles. Lejos de aclarar la situación, la respuesta oficial fue el silencio o el pase de culpas: voceros de la PSA señalaron al Banco Nación, mientras que expertos en seguridad remarcaron la falta crónica de inversión en sistemas antivirus y en equipos especializados. "
Sin ir más lejos, aquella vez fuentes del sector habían señalado: "Así como no arreglan rutas, tampoco invierten en ciberseguridad". La vulnerabilidad es generalizada: hackeos a laboratorios médicos, bloqueos de sistemas en bancos que terminaron pagando rescates en bitcoins y accesos indebidos al portal Mi Argentina son parte de una seguidilla que desnuda la precariedad informática del Estado. Incluso se habló de intentos contra la Policía de la Ciudad y el Hospital Churruca. El ataque a la PFA es especialmente sensible: no solo daña la credibilidad de una fuerza clave, sino que pone en jaque su rol en la prevención de delitos complejos y del terrorismo.
A eso se suma que, con cada hackeo, los datos personales de miles de agentes quedan expuestos en la dark web, una bomba de tiempo para su seguridad y la de sus familias. Mientras tanto, la ministra Bullrich guarda silencio. Una vez más, las fuerzas que deberían garantizar la seguridad del país son víctimas de su propia desprotección digital, y el relato oficial opta por negar o minimizar lo que ya es evidente: en el terreno de la ciberseguridad, el Estado hace agua.
