Desfinanciamiento
30 Marzo de 2026 08:38
La crisis del sistema universitario suma un nuevo capítulo de alto voltaje político. Este martes 31, estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizarán clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio de Caballito, en una acción que busca visibilizar el reclamo por "la inmediata aplicación" de la ley de presupuesto universitario. La jornada comenzará a las 10, aunque previamente habrá una concentración en la sede de Puán.
Desde allí, la comunidad universitaria marchará hacia la vivienda del funcionario para abrir una clase pública sobre extractivismo y la Ley de Glaciares, donde se pondrá el foco en "la relación entre modelo económico, el saqueo de recursos naturales y desfinanciamiento de la educación pública" bajo la gestión de Javier Milei. La iniciativa, impulsada por la Secretaría General del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), encabezada por Luca Bonfante y acompañada por gremios como AGD-UBA, no sólo apunta al reclamo presupuestario sino también a señalar contradicciones dentro del propio Gobierno.
"Mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes. Exigimos que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata la ley de presupuesto universitario ya aprobada", sostuvo Bonfante. La protesta se realizará en las inmediaciones de un departamento recientemente adquirido por el jefe de Gabinete, lo que, según los organizadores, evidencia el contraste entre el ajuste estatal y la situación patrimonial de algunos funcionarios.
En esa línea, docentes de AGD UBA buscan "hacer visible la contradicción entre el discurso oficial sobre el ajuste sin fin en el gasto público y el enriquecimiento personal del vocero del gobierno". El malestar se profundiza en un contexto de deterioro salarial extremo. Juan Duarte, docente del CBC, advirtió que la docencia universitaria "está siendo empujada a condiciones cada vez más precarias" y consideró que "resulta inadmisible que quienes defienden el ajuste estén atravesados por cuestionamientos públicos" sobre su situación patrimonial. "No puede haber recursos para unos pocos mientras se desfinancia la educación", dijo.
Y agregó; "La ley de presupuesto universitario tiene que aplicarse ya". La protesta se inscribe en un conflicto más amplio. Este lunes comenzó la tercera semana del paro nacional universitario, impulsado por las federaciones Conadu Histórica y Conadu, que reclaman no sólo la aplicación de la Ley de Financiamiento sino también una recomposición salarial urgente frente a una inflación que pulverizó los ingresos del sector. Según un informe de docentes de la UBA, el salario real "se encuentra en su mínimo histórico", con una caída del 35,6% respecto de noviembre de 2023 y hasta un 2,7% por debajo de los peores niveles registrados en 2004.
En paralelo, un docente con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero apenas 305 mil pesos brutos, muy lejos de los ingresos necesarios para no caer bajo la línea de pobreza. El ajuste no se limita a los salarios. De acuerdo con datos presentados por el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, el presupuesto universitario perdió un 45,6% de su poder adquisitivo desde la asunción de La Libertad Avanza.
La situación es aún más crítica en áreas clave: los fondos para infraestructura fueron recortados en un 100%, el financiamiento científico cayó al 38% de su nivel de hace dos años y las actividades de extensión quedaron reducidas al 1% de su valor de 2023. En ese marco, el funcionamiento cotidiano de las universidades también se ve comprometido. El poder de compra de los gastos operativos equivale hoy a apenas el 40% del nivel de enero de 2023, lo que, según el informe, implica la pérdida de nueve meses completos de funcionamiento en poco más de dos años.
A pesar de este escenario, desde el Gobierno sostienen que no hay margen fiscal para cumplir con la ley. Sin embargo, los datos del propio sistema presupuestario introducen tensiones en ese argumento: cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en 2025 implicaría apenas el 0,23% del PBI, mientras que en un solo mes los intereses de la nueva deuda emitida equivalen a diez años completos de esa política.
La contradicción también aparece en el plano tributario. Mientras el Ejecutivo plantea la imposibilidad de afrontar un gasto estimado en 0,36% del PBI para 2026, impulsa iniciativas que implicarían resignar hasta el 0,71% del PBI en recaudación. "En otras palabras -planteó el rector-, se afirma que no hay recursos para financiar una ley que cuesta 0,36% del PBI, mientras se propone una iniciativa que implica renunciar a casi el doble de ese monto en ingresos tributarios".
