30 Mayo de 2025 11:19

En medio de la creciente crisis en el Hospital Garrahan, donde médicos residentes sostienen un reclamo urgente por sueldos que no alcanzan para vivir, el Gobierno nacional insiste en que "los recursos están" y que existe la "voluntad política" para resolver el conflicto. Sin embargo, la condición que impone para avanzar en el diálogo no deja de generar polémica: exige que los trabajadores de la salud suspendan por 48 horas las medidas de fuerza. Es decir, que dejen de reclamar para poder ser escuchados.
La vocera del Ministerio de Salud, Cecilia Loccisano, fue la encargada de transmitir la postura oficial. Lo hizo luego de que estallaran las protestas en la puerta del hospital pediátrico más importante del país. Allí, los residentes exigen una recomposición salarial frente a ingresos que apenas superan los $797.000 por jornadas que, en muchos casos, superan las 60 horas semanales. Mientras tanto, el presidente Javier Milei redobla las críticas, se escuda en los "ñoquis del kirchnerismo" y acusa al Garrahan de ser una "unidad básica", estigmatizando sin evidencia concreta a quienes sostienen todos los días la atención pediátrica pública.

La paradoja del discurso oficial es tan notoria como alarmante: por un lado, admiten que los sueldos son insuficientes y aseguran que los fondos para resolver el conflicto existen, pero por el otro, condicionan cualquier avance a que los trabajadores levanten la protesta. Es decir, el Gobierno le pide a los médicos que abandonen su derecho a manifestarse para poder ser tomados en serio. Un gesto que, en la práctica, significa deslegitimar la protesta como herramienta de negociación.
Como si esto fuera poco, el presidente eligió un tono de abierta confrontación con los trabajadores de la salud. En sus redes sociales, compartió mensajes que califican al Garrahan como "una unidad básica kirchnerista" y que denuncian -sin datos verificables- que está plagado de "ñoquis militantes". La estrategia es clara: desviar la atención del reclamo legítimo, desprestigiar al hospital público y culpar al pasado político sin asumir responsabilidades propias.
En paralelo, el Gobierno anunció la implementación de un sistema biométrico para auditar presentismo y controlar a los supuestos "privilegiados" del hospital. Una medida que, más allá de su efectividad o necesidad, se presenta como una cortina de humo frente al problema de fondo: la precarización laboral de los profesionales de la salud. La viceministra Loccisano reconoció que el Garrahan atiende más del 40% de los casos de oncología infantil del país.
Pese a esto, insinuó que los recursos están mal distribuidos por culpa de la "ineficiencia" de su administración. A la hora de precisar a cuántos trabajadores acusaba de "ñoquis", no pudo dar cifras concretas, pero aseguró que "se tienen que ir". Declaraciones irresponsables que, lejos de contribuir a la solución, profundizan la estigmatización sobre quienes trabajan en condiciones límite para sostener un sistema de salud pública cada vez más asfixiado.

En diálogo con Radio Mitre, afirmó: "El miércoles los residentes presentaron una nota para tener una reunión en el ministerio, el jueves tuvimos dos reuniones. Necesitamos que los residentes se sienten a trabajar con nosotros para cerrar una propuesta, la voluntad está, la vocación está, los recursos están... Están en el hospital, pero se encuentran aplicados de una manera incorrecta o ineficiente. Eso lo estamos corrigiendo".
Y agregó: Entendemos la urgencia en resolver esto y por eso nos queremos sentar para encontrar una solución que ponga en valor el trabajo de los médicos, los residentes y los de planta. Estamos en ese camino, precisamos sentarnos con los residentes y para eso necesitamos que suspendan por lo menos por 48 horas las medidas de fuerza, para poder sentarnos a concretar una propuesta. Están la voluntad, el camino y los recursos".

Mientras tanto, en las puertas del hospital, las consignas de los residentes son tan elocuentes como dolorosas: "Médicos pobres, país enfermo" y "El Estado mirando". No son solo carteles: es el grito de una generación de profesionales que eligió la salud pública y hoy se encuentra al borde del colapso económico y emocional.