21 Agosto de 2025 16:43
En medio de un clima político caldeado por acusaciones de corrupción, el gobierno de La Libertada Avanza decidió este jueves intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de escandalosos audios que exponen un presunto esquema de corrupción en el organismo en el que quedaron pegados Karina y Javier Milei pero también el principal armador político, Eduardo "Lule" Mene.
El interventor designado es Alejandro Alberto Vilches, médico con experiencia en gestión sanitaria y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Según informó el vocero libertario Manuel Adorni, el nuevo funcionario ya tiene una tarea asignada: "Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área", explicó a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.

Casi como ignorando completamente la implicancia en el caso de los principales dirigentes políticos del gobierno del que es portavoz, Adorni expresó: "Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan". En la misma línea, puntualizó: "En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones".
El escándalo estalló tras la difusión de comprometedoras grabaciones en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal Carnaval. Los audios revelan cómo operadores del organismo exigían coimas a empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

Las acusaciones apuntan directamente a Diego Spagnuolo, quien hasta hace 24 horas dirigía la ANDIS y que ahora fue removido de su cargo tras la publicación del material.
La decisión de intervenir la ANDIS fue tomada en una reunión de emergencia en Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; y Santiago Caputo, asesor presidencial. Minutos después de la medianoche, la cuenta oficial del gobierno confirmó la remoción de Spagnuolo y adelantó que el ministro de Salud, Mario Lugones, sería el encargado de formalizar la intervención del organismo.

Irónicamente, en un comunicado oficial, el Gobierno de Javier Milei se lavó las manos y acusó a la oposición de utilizar el escándalo como una herramienta política para desprestigiar a La Libertad Avanza: "Este episodio fue utilizado políticamente para generar conmoción económica y electoral", señalaron.

