14 Octubre de 2025 08:30
A mediados del año pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aseguraba haber completado "exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas". La comunicación, redactada como se se tratase de un rotundo triunfo, buscaba cerrar semanas de rumores. Pero un año después, la pregunta que sobrevuela tanto el Congreso como la Auditoría General de la Nación (AGN) es simple y alarmante: ¿dónde está el oro argentino? Según reveló el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, el organismo no ha podido avanzar en la auditoría de las 37 toneladas de oro enviadas a Londres.

Esto se debe -aclararon- a que el BCRA se niega a entregar la documentación necesaria. "El intercambio de notas ya se ha agotado. No podemos saber dónde está específicamente el oro, qué interés está rindiendo, si es que rinde alguno. Tampoco sabemos si se han pagado seguros de traslado, cuánto se ha pagado o si se han pagado comisiones", advirtió Olmos ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso. El BCRA, conducido por Santiago Bausili -ex socio de Luis Caputo y hombre de confianza del ministro de Economía-, justifica su silencio amparándose en la "confidencialidad".
Pero en la AGN no compran ese argumento. "Nadie discute el carácter reservado de algunas cuestiones, pero esto no alcanza al órgano auditor, que es la AGN. No es la primera vez que auditamos esta entidad y siempre se ha respetado la confidencialidad solicitada", replicó Olmos. El malestar se trasladó al Congreso. El presidente de la Comisión Bicameral, Miguel Pichetto, reconoció que la situación es grave y que se evalúa citar a Bausili para que rinda explicaciones. "Nadie quiere lesionar el interés nacional, pero tiene que haber información por parte del Banco Central", señaló el legislador.
Si el BCRA mantiene su negativa, la AGN podría recurrir a la vía judicial, amparada en el artículo 119 de la Ley de Administración Financiera y en la normativa de acceso a la información pública. Mientras tanto, el hermetismo del Banco Central aviva las sospechas. Según fuentes de la AGN, la entidad conducida por Bausili ofreció permitir el acceso a sus computadoras "sin posibilidad de fotografiar, copiar ni tomar notas", algo que vuelve "técnicamente imposible" cualquier auditoría. "Están escondiendo algo y nadie sabe por qué", sostuvieron fuentes del organismo en una charla con el medio Ámbito Financiero.

La incertidumbre crece. No hay claridad sobre si las reservas permanecen intactas o si, como admitió el propio Caputo meses atrás, se convirtieron parcialmente en activos líquidos para obtener "ganancias financieras". En agosto del año pasado, el ministro había reconocido públicamente que los lingotes se enviaban a Londres "para generar retornos", aunque sin precisar montos, tasas ni condiciones. Según trascendió, una de las últimas operaciones habría incluido el traslado de 1.500 lingotes por un valor estimado de 250 millones de dólares.
El diputado nacional Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, intentó acceder a la información mediante los canales legales de transparencia. "Pedí información clara, precisa, completa y detallada sobre los envíos de oro al exterior", explicó. El BCRA rechazó su pedido alegando que revelar esos datos "podría poner en peligro la seguridad y estabilidad del sistema financiero". Palazzo consideró esa respuesta "nula" y subrayó que el ministro Caputo había hablado abiertamente de las operaciones, lo que demuestra "la falta de transparencia" del Gobierno.
El argumento de la "confidencialidad" no solo frena la auditoría sobre el oro. También impide el control sobre el préstamo REPO que el BCRA firmó con bancos internacionales, utilizando como garantía los bonos BOPREAL emitidos por el gobierno de Milei para saldar deudas con importadores. "Queremos saber a qué tasas se pactó ese préstamo, qué comisiones se pagan. El Banco Central nos dice que es información reservada", denunció Olmos. No es la primera vez que el sistema de control choca con un muro de silencio. En 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el entonces titular del BCRA, Federico Sturzenegger, había enviado lingotes de oro a Londres.

En aquella oportunidad, fue por un valor de 462 millones de dólares con la misma justificación: "obtener rentabilidad" mediante una estrategia de carry trade. Aquella operación había abarcado la quinta parte de las reservas en oro, es decir, un 5,1%. Al parecer, al hoy ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación le había salido rentable esa operación y desde la Libertad Avanza decidieron repetirla con el objetivo -afirman- de migrar parte de las reservas de oro al mercado internacional para realizar operaciones de carry trade, generando rentabilidad sobre los lingotes, alquilar el oro en los mercados internacionales y reinvertirlo en operaciones más rentables, generalmente en swaps de yenes. El carry trade implica vender una divisa o activo financiero con una tasa de interés baja y comprar otro con una tasa de interés más alta. Un ejemplo común es tomar deuda en yenes (con baja tasa de interés) y usar esos fondos para comprar bonos del Tesoro de los EE.UU. a largo plazo (con mayor rentabilidad), vendiéndolos posteriormente para saldar la deuda y obtener ganancias del diferencial de tasas.

Hoy, el esquema parece calcado: se "alquila" el oro argentino en los mercados internacionales, se lo reinvierte en operaciones financieras, y se promete un retorno que nadie puede verificar. El problema es que las consecuencias pueden ser graves. Con el Estado argentino enfrentando juicios internacionales -como los de YPF y el Cupón PBI-, los activos enviados al exterior podrían ser embargados, tal como ocurrió con la fragata Libertad durante el kirchnerismo. "El oro argentino en Londres puede correr el mismo riesgo", advierten especialistas en derecho internacional. A la espera de una respuesta del Banco Central, el Congreso se prepara para intervenir. Si la Comisión Bicameral avanza, Bausili deberá dar explicaciones sobre un tema que ya trasciende lo técnico: la transparencia y el control democrático sobre los recursos estratégicos del país.

