Se quedaron 1.500 palos verdes
29 Septiembre de 2025 14:50
La maniobra a través de la cual las principales empresas agroexportadoras se quedaron con los beneficios de las 48 horas de retenciones cero que decretó el presidente Javier Milei fue denunciada por tener las características de un plan del Gobierno nacional para beneficiar a un sector en concreto, y por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y defraudación en perjuicio de la administración pública.
La presentación judicial apuntó de forma directa al Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y fue realizada por el ex diputado nacional Claudio Lozano y otros referentes como el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, la fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis, y el abogado Marcos Zelaya.
Según los denunciantes los delitos fueron a partir de la sanción del decreto presidencial, "bajo la apariencia de una medida de fomento a las exportaciones", que en realidad sería "un ardid meticulosamente diseñado para beneficiar de manera ilegítima, exclusiva y multimillonaria a un grupo concentrado de corporaciones". Además agregaron que el hecho "se habría perpetrado en flagrante detrimento del erario público, los principios de libre competencia e igualdad ante la ley y el ordenamiento jurídico vigente".
Además en la denuncia apuntaron a Bunge Argentina S.A., LDC Argentina S.A. (Louis Dreyfus Company), COFCO International Argentina S.A., Viterra Argentina S.A., Cargill S.A.C.I., Molinos Agro S.A. y Aceitera General Deheza S.A. (AGD), quienes concentraron más del 80% del cupo total de US$ 7.000 millones que había establecido el decreto 682/2025 en el que se perpetró la maniobra que estuvo lejos de beneficiar a los productores agrarios.
Según la denuncia presentada ante el fiscal Sergio Rodríguez, la responsabilidad penal de Milei "radica en la concepción y aprobación final de una norma cuyo diseño y efectos previsibles eran, inequívocamente, el beneficio indebido a un sector concentrado y la consecuente violación de leyes preexistentes". Sobre Francos cuestionaron que "su deber funcional era asegurar que la normativa propuesta se ajustara al ordenamiento jurídico y al interés público general, y no a los intereses particulares de un puñado de corporaciones".
Por otro lado, marcaron a Caputo como el "principal impulsor y firmante de la medida, y titular del área de gobierno directamente implicada en la política fiscal y de comercio exterior". Iraeta, por su parte, quedó apuntado como representante de la cuarta pata estatal señalada en la denuncia, la de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) "cuyas identidades y grado de responsabilidad deberán ser determinados durante la instrucción penal".
Para los denunciantes, "la maniobra no reside en la baja de la alícuota en sí misma, sino en el mecanismo diseñado para su aplicación", ya que se estableció que duraría hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) llegaran a la cifra de US$ 7.000.
"Una política de estímulo genuina, destinada a beneficiar a todo el sector productivo, habría contado con un plazo razonable y estable, permitiendo que los miles de productores, acopiadores y cooperativas del país pudieran planificar sus ventas y aprovechar la medida. Sin embargo, la inclusión de un cupo fijo y relativamente bajo en el contexto del volumen de exportaciones argentinas, transformó la medida en una carrera frenética", consideraron en la denuncia.
"Este diseño de 'cupo limitado por orden de llegada' fue el elemento central del ardid" que logró que "los pequeños y medianos productores, cooperativas y exportadores de menor escala quedaban, por diseño, excluidos de cualquier posibilidad real de acceder al beneficio", mientras que "un puñado de corporaciones que estaban evidentemente preparadas para actuar con una celeridad sobrehumana", algo que sugiere "un conocimiento previo".
"En esas 48 horas, se registró un volumen de DJVE sin precedentes en la historia del comercio exterior argentino: 19,6 millones de toneladas de granos y subproductos por un valor total de USD 7.012,6 millones. Se llegaron a operar más de 2 millones de toneladas en una sola jornada, un récord absoluto que evidencia una operatoria coordinada y masiva", argumentaron.
