Hasta las manos
08 Octubre de 2025 09:24
Apenas quince días antes de lanzarse como candidato a presidente en 2019, José Luis Espert firmó un contrato millonario con Federico "Fred" Machado, un empresario que hoy enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. El documento, revelado por el diario La Nación y certificado por escribano público el 19 de junio de aquel año, muestra que el actual diputado de La Libertad Avanza acordó con Machado -dueño de la firma guatemalteca Minas del Pueblo- un pago total de un millón de dólares a cambio de supuestos servicios de asesoría económica que, encima, no se terminaron por concretar.
El acuerdo no solo fue firmado en vísperas de su campaña presidencial, sino que estipulaba que los primeros 100.000 dólares se pagarían "en el acto de la suscripción" y el resto en nueve cuotas mensuales consecutivas. Es decir, Espert cobraría mientras competía por la presidencia. Machado, según la Justicia, no solo aportó dinero: también puso a disposición de Espert un avión privado -con el que el libertario realizó al menos 36 vuelos- y una camioneta para sus traslados de campaña.
Nada de eso fue declarado como aporte electoral. El ahora diputado reconoció públicamente haber cobrado 200.000 dólares de Minas del Pueblo, pero omitió el monto total del contrato y negó haber recibido pagos en 2019, algo que termina siendo desmentido por esta información. "En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades", había explicado.
Sin embargo, el documento firmado lo desmiente: los pagos estaban previstos desde el mes siguiente a su firma. "Ignoro por completo todo lo vinculado a la aplicación de los fondos recibidos, las contrataciones y las rendiciones de gastos realizadas por el apoderado luego del acto eleccionario", fuer la excusa que dio Espert. De esta manera, uando el escándalo estalló, Espert intentó reducirlo a un simple vínculo profesional: "Yo no revisé, ni siquiera vi, las rendiciones".
Y agregó: "Porque como candidato extra partidario no era mi responsabilidad. Siempre presumí que todo estaba en regla. No intervine en la contratación o pago de gastos del transporte por avión, ni en la aplicación y rendición de los fondos de la campaña. No tomé ninguna decisión, ni fui siquiera informado, ni realicé ninguna acción vinculada con los hechos adjudicados. Mi única actuación, como candidato extra partidario, fue viajar en los aviones, cuya titularidad registral desconocía".
Pero el texto del contrato deja al descubierto un nivel de detalle impropio de un asesoramiento económico convencional y una sospechosa prisa por garantizar los cobros. El convenio preveía que los pagos debían efectuarse "dentro de los primeros cinco días de cada mes" y que, incluso ante eventuales impedimentos legales o de fuerza mayor, Machado "renunciaba expresamente" a cualquier excusa que pudiera demorar el pago.
Es decir, Espert se aseguraba el dinero, en dólares, sin importar lo que ocurriera en Guatemala ni el desempeño de la empresa. Machado firmó en nombre de Minas del Pueblo, una compañía que hoy se encuentra bajo investigación de la justicia estadounidense. En aquel entonces, aún no era buscado por narcotráfico, pero sí operaba dentro de un entramado empresarial opaco que terminó vinculado al lavado de activos.
El documento fija con precisión las tareas de Espert: debía elaborar un "análisis de mercado" y un plan de "refinanciación de deuda y expansión", con "seguimiento y control periódico" del trabajo. La redacción -inusualmente detallada y escrita por tramos en primera persona- sugería un contrato hecho a medida del empresario, no de un profesional independiente. Además, estipulaba que cualquier disputa legal entre las partes se resolvería en los tribunales ordinarios de Nueva York.
Esto último refuerza la sospecha de que se buscaba blindar los pagos en el extranjero. Cuando el escándalo comenzó a crecer, Espert cambió de versión varias veces. Primero negó haber recibido dinero. Luego admitió haber cobrado 200.000 dólares. Después reconoció haber firmado el contrato con Machado, aunque alegó que el trabajo no se concretó por la pandemia. Pese a eso, tampoco devolvió el dinero. No fue un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios", dijo.
El problema para Espert no es solo ético, sino político y judicial. El documento demuestra que aceptó pagos de un empresario hoy vinculado al narcotráfico en plena campaña presidencial, sin registrarlos ante la Justicia Electoral. Y aunque el libertario insiste en que el dinero fue por "trabajo profesional", el cronograma de pagos coincide sospechosamente con los meses de mayor actividad electoral. Machado, por su parte, confirmó el vínculo y habló incluso de otros gastos no contemplados en el contrato.
De hecho, confesó haberle abonado a Espert entre "100 o 150 lucas más" para comida, hoteles, los aviones. Nada de eso figura en las declaraciones de campaña. Mientras la Corte Suprema argentina avala la extradición de Machado a Estados Unidos, Espert intenta despegarse del escándalo que ya lo obligó a renunciar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Pero los documentos, las transferencias y los vuelos siguen ahí, marcando un patrón difícil de justificar.
