No aclares que oscurece
Manuel Adorni respondió al requerimiento de justificación patrimonial con un documento de 78 páginas que intenta desactivar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa sostiene que no existe un incremento patrimonial sin explicación y que la mayor parte de los fondos cuestionados proviene de una operatoria con bitcoin realizada entre 2014 y 2018, mucho antes de su llegada al Gobierno de Javier Milei.
El escrito fue presentado por su abogado, Matías Ledesma, en la causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 4 y la Fiscalía Federal N° 11. Allí se cuestiona la reconstrucción fiscal, que había comparado ingresos lícitos por $229.752.283,20 con egresos, adquisiciones y cancelaciones de deuda por $272.820.832,20, además de US$402.578,12.
La diferencia detectada por la Fiscalía asciende a $43.068.549. Para la defensa, no se trata de un salto inexplicable, sino de una "brecha residual" equivalente al 15,8% de los egresos reconstruidos y al 18,7% de los ingresos lícitos computados. "La evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable", afirma el documento a la que tuvo acceso BigBang.
El eje del descargo es la venta de criptomonedas y, la defensa sostiene que Adorni operó con ocho direcciones de Bitcoin entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, y que esas tenencias fueron liquidadas antes de que asumiera un cargo público.
Según el escrito, esas operaciones generaron un total de US$591.544,61, dinero que habría quedado convertido en ahorros en efectivo. La presentación asegura que al 31 de diciembre de 2023 Adorni declaraba US$513.000 en efectivo, cifra que luego habría disminuido a US$388.961,52 al cierre de 2024 y a US$209.961,52 al cierre de 2025, debido a compras, obras, viajes, pagos de deudas y otros gastos.
La explicación tiene un detalle que difícilmente pase desapercibido: la defensa afirma que el matrimonio mantuvo buena parte de esos dólares fuera del sistema bancario y que Adorni y Bettina Angeletti, su esposa eligieron "vivir como si no lo tuvieran", supuestamente para priorizar el futuro educativo de sus hijos y la jubilación de ambos.
El documento también asegura que el dinero se utilizó para adquirir y refaccionar propiedades, pagar viajes a Aruba y Llao Llao, cancelar intereses hipotecarios y financiar obras en el Country Indio Cuá. Para la defensa, todo ese recorrido demostraría que los fondos no aparecieron durante la función pública, sino que ya existían desde años antes.
Respecto de las declaraciones juradas rectificadas, la defensa sostuvo que no hubo una maniobra de ocultamiento, sino correcciones posteriores realizadas antes de que existiera una intimación fiscal. En ese punto, citó una entrevista previa de Adorni en la que reconoció un error y dijo: "Un error que, más allá de que fue absolutamente involuntario, creo que tengo que pagar todo lo que corresponde".
El exfuncionario también se habría comprometido a pagar "hasta el último peso de impuesto", multas e intereses que correspondieran. Para sus abogados, esa conducta sería incompatible con una intención deliberada de esconder el patrimonio.
En cuanto al patrimonio inicial, el escrito cuestiona que la Fiscalía haya utilizado como punto de partida una declaración jurada que el propio informe técnico habría considerado incompleta. La defensa sostiene que el 79,3% de los bienes declarados al inicio —unos $20.379.461,85 sobre un total de $25.692.548,99— no tenía datos suficientes para ser verificado.
Uno de los capítulos más llamativos es el de la remodelación de la vivienda del Country Indio Cuá ya que la Fiscalía había requerido explicaciones sobre pagos de hasta US$245.000 al contratista Matías Tabar. La defensa contestó que el monto efectivamente abonado habría sido menor y que la planilla del contratista presentaba errores, contradicciones y gastos sin comprobantes.
Según el escrito, el estudio contable habría identificado desembolsos por US$175.000, mientras que un peritaje arquitectónico de parte habría calculado un valor de mercado de US$174.954,58. La defensa presentó esa coincidencia como prueba de que la obra costó menos de lo informado originalmente por el contratista.
Adorni también explicó la compra de un Jeep Compass mediante una permuta por un Renault Captur, la adquisición de un inmueble en Miró 550 y la venta por US$50.00 de una propiedad recibida por herencia. En paralelo, sostuvo que algunas deudas consignadas en declaraciones juradas eran "inexistentes" y que su aparición se debió a un "error material".
Otro capítulo sensible es el uso de terceros para realizar compras, transferencias y pagos. La defensa explicó que Gisela Kocsis, secretaria de Adorni en la Casa Rosada, lo asistía también en cuestiones personales; el escrito la describe como "su mano derecha" y cita su propia definición del trabajo: "multitasking". Según el descargo, Kocsis gestionaba compras, pagos de expensas, servicios, medicamentos, cuestiones escolares y transferencias porque Adorni tenía una agenda cargada de reuniones y conferencias.
La defensa también intentó justificar operaciones realizadas con tarjetas de amigos y familiares. En el caso de un proyector comprado desde la cuenta de Adorni, sostuvo que el producto pertenecía a su amigo Luis Enrique Aluju y que solo había utilizado la cuenta porque estaba junto a él y no tenía cargada la dirección de entrega.
Sobre los activos virtuales observados por la Fiscalía durante el período investigado, la defensa aseguró que no todos podían ser atribuidos a Adorni. También cuestionó el uso de herramientas de análisis blockchain y sostuvo que algunos "clusters" fueron construidos sobre indicios que no serían concluyentes.
En el cierre, los abogados afirmaron que el caso no configura enriquecimiento ilícito porque el incremento más importante se habría producido antes del ingreso de Adorni al Estado. "La operatoria con criptoactivos, por expreso reconocimiento de la Fiscalía, no integra esa ecuación y no acredita, por sí, una finalidad de disimulo", sostiene el escrito donde la defensa de Manuel Adorni pidió que se tenga por respondido el requerimiento fiscal y que se considere razonablemente justificado el patrimonio.
