El colmo del cinismo
En medio de los cuestionamientos por los recortes en discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, el Gobierno de Javier Milei salió a defender su política para el sector y buscó llevar tranquilidad a las familias, organizaciones y prestadores que vienen advirtiendo sobre el deterioro del sistema.
Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que "para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad". La afirmación llegó en un escenario atravesado por las críticas al proyecto enviado al Congreso, que propone modificaciones sustanciales sobre las pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones.
Los cambios se suman a un conflicto que no comenzó con el Presupuesto 2027. Durante la gestión libertaria, familias, prestadores y organizaciones vinculadas a la discapacidad protagonizaron distintos reclamos por el atraso de los aranceles y el financiamiento del sistema. Ahora, el proyecto presupuestario volvió a encender las alarmas al modificar aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del esquema vigente desde hace décadas.
Entre otras medidas, la iniciativa endurece la incompatibilidad entre la pensión por invalidez laboral y el empleo formal, establece un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima y plantea que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deje de garantizar por sí solo el acceso al beneficio. Además, propone que el Nomenclador de Prestaciones Básicas deje de tener valores universales, lo que modifica la referencia común utilizada hasta ahora para determinar los aranceles de las prestaciones.
En ese contexto, Ravier sostuvo que "desde que Javier Milei es presidente ninguna persona con discapacidad se ha quedado sin el beneficio" y aseguró que el Presupuesto 2027 no pone en riesgo la continuidad de las pensiones.
Frente a las críticas por el ajuste y las modificaciones previstas para el sector, el vocero retomó uno de los argumentos utilizados por la administración libertaria desde el comienzo de su gestión: la existencia de irregularidades en el otorgamiento de pensiones durante gobiernos anteriores: "Recordemos el uso político que han hecho de los recursos asignados a personas con discapacidad", planteó Ravier, quien aseguró que hubo localidades en las que se registraba una cantidad de pensiones por discapacidad superior a la cantidad de habitantes.
Con ese argumento, el funcionario defendió las auditorías impulsadas por el Gobierno para revisar las prestaciones y sostuvo que la intención fue terminar con lo que calificó como "malas políticas" de administraciones anteriores.
Sin embargo, el conflicto excede la discusión sobre eventuales irregularidades en las pensiones. Las organizaciones del sector vienen reclamando por el deterioro del valor de las prestaciones y la situación económica de los prestadores, mientras que el Presupuesto 2027 propone modificar precisamente el mecanismo que regula esos aranceles.
El proyecto establece que el nomenclador ya no contará con valores universales y reemplaza el esquema de actualización mensual vinculado a la inflación por otro que habilita revisiones trimestrales. De esta manera, el debate no se limita a quién puede acceder a una pensión, sino que alcanza también a las condiciones económicas bajo las cuales funcionan terapias, centros de día, transportes y otras prestaciones esenciales.
Ante la preocupación generada por las modificaciones, Ravier intentó enviar un mensaje de tranquilidad a las familias. "El mensaje para las familias de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas de que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente", afirmó.
Según explicó, la intención del Ejecutivo es que los valores de las prestaciones se actualicen "por lo menos" de acuerdo con la inflación. El funcionario volvió a enmarcar la política para el sector dentro de uno de los principales objetivos económicos de la administración libertaria: mantener el equilibrio fiscal.
En relación con el nomenclador, reconoció que todavía existe margen para negociaciones y eventuales modificaciones durante el tratamiento legislativo. "Puede haber una ayuda en algún momento, pero como mínimo va a acompañar el IPC", sostuvo, aunque aclaró que todavía no está definido si la actualización será mensual o trimestral.
La explicación oficial convive, sin embargo, con la letra del proyecto enviado al Congreso, que elimina el esquema de valores universales y habilita modificaciones en la periodicidad de las actualizaciones. Los cambios provocaron cuestionamientos no solamente entre organizaciones y familiares, sino también dentro de los bloques que el Gobierno necesita para aprobar el Presupuesto.
La tensión se profundizó con la renuncia de Alejandro Vilches como secretario nacional de Discapacidad. El funcionario presentó su salida argumentando "razones estrictamente personales" y públicamente no relacionó su decisión con la discusión presupuestaria. Había llegado al cargo después de la salida de Diego Spagnuolo y, apenas tres semanas antes de presentar su renuncia, había expuesto ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para explicar los cambios impulsados por el Ejecutivo.
Su salida se produjo en plena discusión por el Presupuesto 2027 y por el futuro de la Emergencia en Discapacidad, lo que volvió a colocar al área en el centro de la agenda política. Ravier evitó relacionar ambos acontecimientos y ratificó la explicación oficial sobre los motivos personales del exfuncionario. "Cuando tengamos el reemplazo será comunicado", señaló.
El alcance de las modificaciones previstas para discapacidad generó, además, resistencias entre sectores que acompañaron al oficialismo en distintas votaciones. El Gobierno incluso abrió la posibilidad de revisar algunos de los fondos destinados al área durante la negociación parlamentaria, aunque mantiene como límite el equilibrio fiscal.
Una de las voces que cuestionó el manejo del tema fue Patricia Bullrich, quien objetó que las modificaciones vinculadas con discapacidad hayan llegado al Congreso sin una discusión previa dentro de la mesa política del Gobierno y advirtió sobre las dificultades que podían generar para conseguir los votos necesarios.
Así, mientras la Casa Rosada insiste en que las personas con discapacidad constituyen una "prioridad", el contenido del Presupuesto 2027 volvió a poner bajo discusión esa definición. La eliminación de valores universales del nomenclador, los cambios en la actualización de los aranceles y las nuevas condiciones para acceder a las pensiones se incorporan a un escenario marcado por los reclamos que el sector viene sosteniendo frente a la política de ajuste del Gobierno.
