Sospechas políticas
20 Octubre de 2025 09:06
La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, resolvió un expediente financiero que podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el gobierno argentino. En una resolución de 33 páginas, la magistrada rechazó la solicitud de cuatro fondos de inversión -Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited- que pretendían obtener documentación y testimonios en Estados Unidos para demostrar que el Estado argentino era el verdadero dueño de los activos generados por la criptomoneda $LIBRA.
El revés para los fondos, sin embargo, vino acompañado de una afirmación de consecuencias impredecibles: según Rochon, "las pruebas podrían sugerir" que los ingresos del proyecto digital no pertenecen a la República Argentina, sino al presidente Javier Milei, su hermana Karina y el empresario Hayden Davis, impulsor del token. La jueza consideró que los elementos presentados -artículos periodísticos, posteos en redes sociales y un presunto acuerdo preliminar entre el Gobierno y una plataforma de intercambio- no alcanzan para vincular los fondos de $LIBRA al Estado argentino.
Pero sí deslizó que los beneficiarios "podrían ser individuos privados", entre ellos el propio mandatario libertario. De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Hugo Alconada Mon para el diario La Nación, el fallo, aunque desestima el reclamo de los acreedores, deja a la Casa Rosada frente a una incómoda paradoja: si la jueza sostiene que los activos no son del Estado, entonces reconoce implícitamente que podrían ser propiedad del Presidente o de su entorno. Rochon fue crítica con la estrategia de los fondos, a los que acusó de realizar una "excursión de pesca" judicial.
Los demandantes habían pedido acceso a los registros y comunicaciones de Meteora, la plataforma utilizada para lanzar el token, además de citar a una lista heterogénea de testigos que incluía "influencers", ingenieros, empresarios y hasta al creador del sitio Barstool Sports. Para la magistrada, esos requerimientos no demostraban un interés jurídico genuino sino una intención de abrir "una pesquisa general sobre el universo cripto" con fines especulativos.
La jueza también señaló que, incluso si existieran vínculos financieros entre $LIBRA y el entorno presidencial, los tribunales competentes serían los de Inglaterra y Argentina, no los de Estados Unidos. Por eso rechazó la solicitud amparándose en la sección 1782 del Código norteamericano, que regula la cooperación judicial internacional, y recordó que esa herramienta "no puede usarse para presionar a un Estado soberano mediante conjeturas".
Los cuatro fondos demandantes son acreedores del default argentino de 2001 y habían obtenido en 2023 un fallo favorable de la Justicia británica, que ordenó al Estado argentino pagar más de 1.500 millones de euros. Ante el incumplimiento de ese pago, los grupos iniciaron una ofensiva global para rastrear activos embargables vinculados con el país. En ese contexto, en agosto pasado intentaron asociar al Estado con el token $LIBRA, lanzado en febrero por Hayden Davis.
Recordemos que esta moneda virtual fue promocionada abiertamente por Javier Milei en X. Según el fallo, la criptomoneda generó pérdidas por US$251 millones tras un pico especulativo vinculado a las publicaciones del presidente libertario. Los fondos buscaban usar esa información para embargar bienes o reclamar compensaciones en Londres y otros tribunales internacionales. Aunque la jueza Rochon cerró la vía judicial en Estados Unidos, sus palabras encendieron nuevas alarmas en Buenos Aires.
En su fallo citó un informe de la Oficina Anticorrupción (OA), que determinó que la promoción de $LIBRA por parte de Milei debía considerarse una actividad personal, no oficial. Esa interpretación coincide con la versión del Gobierno, que siempre negó que el presidente o su hermana tuvieran participación directa en la emisión del token. Pero esa coincidencia es, paradójicamente, lo que vuelve el caso más riesgoso: si la actuación de Milei fue "personal", como afirma la OA, y la jueza norteamericana considera que los fondos no son del Estado, la sospecha inevitable es que el proyecto podría haber tenido beneficiarios privados en el entorno presidencial.
