Promesas de transparencia
13 Marzo de 2026 08:38
El Gobierno nacional oficializó la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo organismo que buscará coordinar la prevención e investigación de la criminalidad económica en todo el país. La medida fue formalizada a través de la resolución 230/2026 publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Según el texto oficial, el consejo funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.
En la resolución se establece: "Créase el Consejo Federal de Delitos Económicos, en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada con la misión de generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de este tipo de delitos".
El nuevo organismo tendrá como objetivo "asistir en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos que se desarrollen dentro del territorio; recolectar y sistematizar información sobre los delitos económicos cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Además, el consejo deberá "desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo de los integrantes del Consejo; elaborar un mapa de situación, tanto a nivel nacional, como regional y provincial, con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos económicos y coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en la materia, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos económicos".
El plan oficial también contempla la creación de grupos de trabajo para analizar coyunturas específicas. En ese marco, el documento indica que el organismo podrá "conformar grupos de trabajo, en pos de poner en común información y realizar análisis de coyuntura o de situaciones específicas con miras a coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal".
La estructura del nuevo consejo incluirá representantes de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, además de integrantes de las fuerzas federales. De acuerdo con la normativa, participarán "un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales" dependientes del Ministerio de Seguridad.
Entre sus tareas principales también figura la elaboración de un mapa situacional del delito económico a nivel nacional, regional y provincial, así como la generación de sistemas de alerta temprana y el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones. El organismo, además, tendrá la facultad de convocar especialistas para abordar problemáticas específicas. Según la resolución, podrán participar representantes de organismos gubernamentales, entidades internacionales, organizaciones privadas o de la sociedad civil cuando su intervención resulte justificada.
Las reuniones del consejo deberán realizarse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes para "generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección". La decisión oficial se enmarca en compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino para mejorar la detección de bienes y la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas, en línea con acuerdos como la Organización de las Naciones Unidas contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción.
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que la medida responde a la necesidad de fortalecer el abordaje de delitos complejos. En ese sentido, el texto oficial señala que la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales tiene entre sus responsabilidades "articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias".
El documento también advierte que "la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes". Entre los delitos que busca abordar el nuevo esquema figuran el lavado de activos, el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional y la evasión fiscal.
Sin embargo, la creación del organismo se produce en un clima político marcado por crecientes denuncias y polémicas sobre presuntos privilegios y el uso de recursos públicos dentro del propio Gobierno. En ese contexto, la decisión de impulsar un nuevo espacio de coordinación para combatir los delitos económicos convive con cuestionamientos opositores que reclaman mayor transparencia y controles efectivos sobre el manejo de fondos y la conducta de los funcionarios.
