El Gobierno dio el último paso para la privatización total de AySA y abrió la canilla del ajuste estructural

En una nueva ofensiva privatizadora, el Gobierno nacional formalizó este miércoles la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa estatal que presta el servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida se concretó por medio del Decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial, y constituye el paso final del proceso iniciado con la modificación del marco regulatorio de la compañía, dispuesto por el DNU 493/2025. Con esta decisión, el Ejecutivo habilitó la privatización total de AySA, bajo el argumento de que su estructura estatal actual es "deficitaria", "ineficiente" y "costosa para el Tesoro Nacional". Según los datos oficiales, entre 2006 y 2023 el Estado transfirió a la empresa cerca de 13.400 millones de dólares. 

Sin embargo, reconoce que esa asistencia "no logró impedir el deterioro" de su productividad ni una mejora sustancial en la calidad del servicio. El proceso de venta será escalonado. En una primera etapa se ofrecerá al menos el 51% de las acciones estatales a un "operador estratégico" mediante licitación pública nacional e internacional. Luego, el resto se pondrá a la venta en bolsas y mercados del país. A diferencia de experiencias anteriores, no se incluirá un Programa de Propiedad Participada, es decir, los trabajadores de la empresa no tendrán opción de adquirir parte del capital.

Pero la privatización de AySA no viene sola. El nuevo marco regulatorio habilita a la futura empresa concesionaria a efectuar cortes del servicio por falta de pago, una atribución hasta ahora limitada. A esto se suman facultades para revisar y auditar obras, usar los ingresos de la concesión como garantía financiera y ejecutar un régimen de transición de hasta cinco años para adaptar la operación privada a las nuevas disposiciones "El Ministerio de Economía adoptará las medidas para garantizar que la modalidad de privatización no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales", aclararon.

El Ejecutivo encomendó además a la Agencia de Planificación (APLA) la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, con el objetivo de establecer prioridades técnicas para la ampliación y extensión del servicio. En paralelo, se facultó al Ministerio de Economía a intervenir en la implementación para "garantizar la continuidad" del suministro durante el proceso de traspaso. "Desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro Nacional", remarcaron y agregaron: "Esta asistencia financiera del Estado Nacional no ha logrado impedir un deterioro en la eficiencia y productividad de AySA".

Según el Gobierno, el régimen estatal "no se ajusta a las necesidades actuales" ni garantiza "expansión, sostenibilidad y eficiencia". En ese sentido, el decreto insiste en que la inversión necesaria para mejorar el servicio "excede las posibilidades de generación de fondos" de AySA, y que solo mediante capital privado se podrá dar una respuesta "adecuada" a la creciente demanda: "La intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos".

La reforma, no obstante, se da en un contexto social y económico extremadamente delicado. El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas, y la posibilidad de interrupción del servicio por deuda genera preocupación en sectores sociales y organizaciones que ven en esta medida un potencial foco de vulnerabilidad para millones de personas. Pese a esto, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que "para mejorar la prestación del servicio de agua se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".

En medio de una crisis que el propio texto oficial reconoce como "profunda" y con un Estado cada vez más ausente del manejo directo de servicios esenciales, el traspaso de AySA al capital privado abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el rol estatal, el derecho al acceso al agua y los límites del ajuste estructural promovido por el Gobierno de Javier Milei. La medida, sentenciaron, buscaría "contribuir directamente a la mejora en la prestación del servicio público concesionado de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales en el Área Metropolitana, a partir de la implementación de técnicas regulatorias adecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios".