Profunda crisis
22 Julio de 2025 09:01
En un nuevo capítulo del proceso de desguace del Estado, el Gobierno nacional oficializó este martes el avance en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa que provee el servicio de agua potable y desagües cloacales a millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei modificó el marco regulatorio vigente y habilitó la venta total o parcial de las acciones que se encuentran hoy en poder del Estado. La normativa cambia el artículo 2° del Decreto 304/06, que establecía que el 90% del capital de AySA debía mantenerse bajo control estatal y prohibía su transferencia. Con esta reforma, el Gobierno podrá desprenderse de su participación accionaria, abriendo la puerta a la llegada de capitales privados para manejar un servicio público esencial. Pero el paquete de medidas no se limita a la estructura accionaria.
El nuevo marco regulatorio también otorga a la empresa facultades inéditas, entre ellas, la posibilidad de cortar el servicio a los usuarios que no puedan afrontar los pagos. En un país donde los indicadores de pobreza y desocupación no dejan de crecer, la medida amenaza con dejar sin agua a miles de familias en situación vulnerable. Además, se le conceden a AySA y a la futura concesionaria amplias facultades para auditar técnicamente las obras que se realicen en el área regulada y utilizar los fondos que provienen del contrato de concesión como garantía para tomar deuda destinada a la prestación del servicio.
El decreto ordena a la Agencia de Planificación (APLA) la elaboración de un "Plan Director de Mejora Estratégica", un documento que debería contener los lineamientos para ampliar la cobertura del servicio, establecer fuentes de financiamiento y definir quiénes serán los entes ejecutores. No obstante, también se prevé un "régimen de transición" de hasta cinco años una vez concretada la privatización, para mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, lo que podría implicar ajustes tarifarios o cambios en la prestación que recaerán sobre los usuarios.
En los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la reforma argumentando que el actual modelo de gestión estatal "no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia". También asegura que la medida se dicta "en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público". El argumento se repite: déficit, ineficiencia y necesidad de inversiones. Pero detrás de este discurso, el Ejecutivo da otro paso en su política de privatizaciones, esta vez con un recurso tan esencial como el agua.
En lugar de fortalecer una empresa pública estratégica, el Estado se retira para dejar el servicio en manos privadas, con la posibilidad cierta de que las tarifas aumenten, la cobertura se concentre en las zonas rentables y los sectores más vulnerables queden aún más expuestos. Mientras se flexibilizan las condiciones para los privados, se endurecen las consecuencias para los usuarios. El acceso al agua, un derecho humano reconocido internacionalmente, queda ahora subordinado a la lógica del mercado.
