Vienen por todo
28 Julio de 2025 11:18
La escalada privatista del gobierno libertario de Javier Milei posó su mira en la empresa Intercargos S.A., encargada de todo lo que es la logística en relación a los equipajes y rampas en los aeropuertos del país. A través de la Resolución 1067/2025 del Ministerio de Economía que conduce Luis "Toto" Caputo, se inició el proceso de privatización para desprenderse del 100 por ciento de las acciones en un plazo de ocho meses.
En ese sentido, se mandó a "actualizar el inventario de los bienes tangibles e intangibles que hagan al valor de las acciones" de la firma y a que se inicien "las actuaciones correspondientes para impulsar la rescisión, por mutuo acuerdo, del contrato de concesión vigente celebrado entre el Estado Nacional" y la empresa "para la explotación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves".
A partir de esto, la Secretaría de Transporte "podrá requerir la colaboración de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria 'Agencia de Transformación de Empresas Públicas'" con el fin de que "coordine las demás acciones necesarias" para conseguir el fin propuesto "mediante licitación pública de alcance nacional e internacional".
En la resolución se exige que se "solicite a una entidad bancaria perteneciente al sector público nacional la valuación del paquete accionario" de la compañía. "La Secretaría de Transporte tendrá a su cargo la elaboración y tramitación de la documentación licitatoria, técnica y contractual, respectiva del proceso de privatización", aclararon allí. Además, se anunció que el procedimiento se ejecutará a través de la plataforma Contrat.ar.
El anuncio desterró la posibilidad de lograr que Intercargos tenga una modalidad mixta, con un 51% de la firma en manos del Estado y el restante 49 en privados. La decisión es firme e implica desprenderse de una actividad estratégica en cuanto a contrabando, narcotráfíco y control de cargas.
La firma había quedado en la carpeta privatizadora luego del paro que realizaron sus trabajadores a fines de 2024, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, lo que derivó en el despido de 15 empleados a partir de lo ocurrido. "Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo", advirtió en aquel entonces el vocero Manuel Adorni.
