El Gobierno volvió a intervenir OSPRERA en medio de denuncias de corrupción y crisis en la obra social rural

En medio de una investigación judicial por presunta administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, el Gobierno nacional volvió a intervenir la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), una de las entidades de salud sindical más grandes del país. La decisión quedó oficializada este miércoles a través del decreto 127/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida llega después de que la Cámara Criminal y Correccional Federal revocara una resolución de primera instancia que había restituido la conducción al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco. 

Con ese fallo, el tribunal ordenó el "inmediato restablecimiento" de la intervención estatal sobre la obra social. El Ejecutivo designó como administrador provisorio al doctor César Augusto Lococo, quien tendrá a su cargo la conducción de la entidad durante un plazo inicial de 180 días, con posibilidad de extensión si el Ministerio de Salud considera que aún no se cumplieron los objetivos de la intervención. La decisión se enmarca en la causa "VOYTENCO, José Antonio s/ infracción art. 303", donde se investigan presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito vinculados a la gestión de los fondos de salud de los trabajadores rurales.

Entre los episodios que figuran en el expediente aparece la compra de un inmueble de lujo en el partido bonaerense de Cañuelas, que habría sido financiado con dinero presuntamente desviado de la obra social hacia personas vinculadas con el entorno del dirigente sindical. La denuncia también apunta a contrataciones irregulares con empresas prestadoras que, según la acusación, estarían conectadas con allegados a Voytenco y habrían funcionado como vehículos para canalizar beneficios económicos indebidos. De acuerdo con la querella, esas maniobras habrían contribuido al vaciamiento y colapso financiero de OSPRERA.

El fallo de la Sala II de la Cámara Federal -firmado por los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun, con disidencia de Eduardo Farah- respaldó el planteo de la querella, encabezada por el dirigente Marcelo Andrada, que había apelado la decisión del juez Sebastián Casanello de devolver el control de la entidad a la conducción sindical. La Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de supervisar el sistema de obras sociales, había advertido sobre un escenario crítico en la entidad: altos niveles de endeudamiento, creciente litigiosidad judicial y un deterioro persistente en el funcionamiento del sistema de prestaciones médicas.

Ese diagnóstico fue uno de los principales argumentos para solicitar al Poder Ejecutivo que volviera a intervenir la institución. En el decreto, el Gobierno justificó la medida como "temporal y proporcionada" y señaló que busca garantizar la continuidad de la asistencia médica a los afiliados, considerada un servicio esencial. La crisis de OSPRERA no es nueva. La primera intervención se dispuso en 2024 mediante el decreto 720, luego de que se detectaran irregularidades en la gestión institucional, económica y en la cobertura de servicios. Desde entonces, la conducción interventora cambió varias veces. Inicialmente estuvo a cargo de Virginia Montero; luego asumió el doctor Marcelo Carlos Petroni tras su renuncia. Ahora será Lococo quien deba intentar ordenar las cuentas y normalizar el funcionamiento de la obra social.

Como parte de sus funciones, el nuevo administrador deberá presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud detallando la situación institucional, la evolución administrativa y el estado de las prestaciones. Más allá de la investigación judicial, el conflicto también refleja una fuerte disputa interna dentro del sindicalismo rural. OSPRERA administra los aportes de cientos de miles de trabajadores del sector, lo que la convierte en una estructura de enorme peso económico y político dentro de la UATRE. La intervención vuelve a poner en evidencia el deterioro de un sistema de salud sindical que arrastra deudas millonarias y denuncias de corrupción mientras miles de afiliados enfrentan demoras, recortes de cobertura y dificultades para acceder a tratamientos.