Señales de alarma
23 Abril de 2026 14:28
La crisis entre el Gobierno y la prensa sumó un nuevo capítulo con alto voltaje político y judicial. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por la decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida oficial, ejecutada este jueves, implicó la baja masiva de acreditaciones y la inhabilitación de las huellas digitales que permitían el acceso al edificio gubernamental. Según trascendió, no hubo comunicación formal ni acto administrativo que justificara la decisión.
Pagano, integrante del oficialismo, rompió filas y cuestionó con dureza la medida. En sus redes sociales escribió: "Denuncié penalmente al presidente Javier Milei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa". En el mismo mensaje, la legisladora advirtió sobre el trasfondo político de la decisión: "La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente, situación que en Argentina hemos experimentado en los momentos más oscuros de nuestro país. NO NOS VAN A CALLAR".
La presentación judicial no se limita al Presidente. También incluye al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al secretario de Comunicación Javier Lanari y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, entre otros funcionarios. En el escrito, Pagano sostiene que la medida constituye un acto ilegal y solicita su inmediata reversión: "Asimismo, se solicitan al Sr. Juez medidas urgentes a fin de hacer cesar de inmediato el acto ilegítimo denunciado, atento el daño continuado e irreversible que su vigencia está produciendo al sistema republicano, a la libertad de prensa, al derecho a la información pública y al ejercicio profesional del periodismo".
Además, califica la decisión como un quiebre institucional: "Con fecha 23 de abril de 2026, el Gobierno Nacional ejecutó una medida inédita en la historia democrática argentina: prohibió el ingreso a la Casa Rosada a la totalidad de los periodistas acreditados". Desde el Gobierno, la explicación fue informal y giró en torno a una investigación por presunto "espionaje ilegal". "Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", indicaron desde el área de comunicación.
La decisión llegó un día después de que la Casa Militar denunciara a periodistas del canal TN por la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede gubernamental. El propio Milei respaldó esa denuncia con un mensaje cargado de agresividad en redes sociales, donde calificó a los periodistas como "BASURAS REPUGNANTES" y "delincuentes". La denuncia de Pagano también reconstruye un patrón previo. Señala que el 6 de abril ya se había impedido el ingreso a periodistas de distintos medios, bajo el argumento de una supuesta "campaña rusa".
En ese contexto, menciona que varios de los afectados habían realizado preguntas incómodas al entonces vocero y actual jefe de Gabinete. Para la diputada, la secuencia no es aislada sino parte de un proceso más amplio: "La correlación temporal entre las preguntas incómodas y la privación de acceso constituye un indicio serio de represalia encubierta". La Sala de Periodistas de la Casa Rosada funcionó de manera ininterrumpida desde el retorno de la democracia.
Incluso -según registros periodísticos- se mantuvo operativa durante gobiernos de facto. Por eso, la decisión actual no solo afecta la dinámica cotidiana del periodismo acreditado, sino que reabre un debate más profundo sobre el vínculo entre el poder político y la libertad de prensa en la Argentina. Mientras tanto, los periodistas desplazados buscaron reorganizar su trabajo desde los alrededores de Plaza de Mayo.
