Urgente
21 Abril de 2026 17:14
En un contexto de creciente vulnerabilidad económica y social bajo las aras del gobierno de Javier Milei, el Juzgado Federal de Campana, bajo la conducción del juez Adrián González Charvay, marcó un precedente al dictar una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a mantener las prestaciones económicas del programa Volver al Trabajo.
Este fallo que pega directamente a la gestión de Sandra Pettovello en esa cartera y que responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores afectados, fue celebrado por las familias que ahora ven todo bajo una luz de esperanza.
El programa Volver al Trabajo, creado en 2024 durante la gestión de la mismísima Pettovello, surgió como una herramienta para fomentar la inserción laboral mediante la capacitación sociolaboral. Su implementación reemplazó al anterior plan Potenciar Trabajo, estableciendo una asignación mensual de $78.000 para los beneficiarios, en su mayoría trabajadores de la economía popular sin acceso a puestos de trabajo formales.
Sin embargo, el 7 de abril de 2026, el Ministerio de Capital Humano anunció la finalización de este programa, argumentando su reemplazo por un sistema de "vouchers para capacitación" y, en ese contexto para los beneficiarios, esta decisión representó la pérdida de su principal o único ingreso y también la incertidumbre ante un esquema que carecía de claridad en cuanto a su alcance y criterios de acceso.
Por su parte, el juez González Charvay, conocido por su al defensa de los derechos sociales y su intervención en causas relevantes como la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, consideró que la abrupta suspensión del programa sin un "mecanismo sustitutivo adecuado violaba principios constitucionales y convencionales".
En su fallo, destacó el derecho a condiciones laborales dignas, la seguridad social y un nivel de vida digno, subrayando el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
El magistrado también recordó que el propio Decreto 198/2024 reconocía el carácter social del programa y el deber del Estado de proteger a los sectores más vulnerables por lo que consideró en su fallo que la interrupción del subsidio comprometía necesidades básicas de los trabajadores, quienes ya enfrentaban una situación crítica debido a la crisis económica.
En su resolución, el juzgado ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas del programa en un plazo máximo de tres días, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. La cartera liderada por Sandra Pettovello es la que ahora deberá garantizar el cumplimiento inmediato del fallo, bajo apercibimiento de multas diarias por incumplimiento.
