La que faltaba: Madanes Quintanilla dice que no puede garantizar las condiciones de seguridad en FATE

La situación en la fábrica de neumáticos Fate en San Fernando escala entre despidos masivos, ocupaciones sindicales y decisiones judiciales adversas que ponen bajo la lupa al presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla quien, en las últimas horas,  lanzó una controversial advertencia: no puede garantizar las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas para el funcionamiento de un acelerador lineal de electrones. 

Este pronunciamiento, busca nada más y nada menos que deslindar responsabilidades en los trabajadores que ocupan la planta como medida de fuerza. En una carta enviada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el martes 10 de marzo por la noche, Madanes Quintanilla afirmó que en las instalaciones se encuentra un "equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial". 

Según el empresario, la ocupación de la fábrica por parte de los trabajadores imposibilita garantizar "las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada", y, en la misma línea aseguró que la planta carece del "ambiente apropiado" y del "personal idóneo" para operar el dispositivo.

Horas antes de que se emitiera esta carta, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro asestó un duro golpe a los intereses de Fate al revocar la orden de desalojo contra los trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Desde el 19 de febrero, los operarios ocupan la planta como respuesta a los despidos masivos que afectan a 920 empleados.

La decisión judicial fue contundente al reconocer el derecho a huelga como una herramienta legítima de acción sindical. En su fallo, los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik señalaron que "la huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores".  

Y, como si el revés judicial no fuera suficiente, el gobierno de Javier Milei también se pronunció contra Fate durante la jornada del martes. El Ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Pettovello, confirmó la apertura de un sumario contra la empresa por incumplir con el pago de salarios durante el período de conciliación obligatoria. Según las autoridades, "se ha iniciado el sumario correspondiente a la empresa Fate por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual consiste en una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente".

Además, el ministerio anunció que la conciliación obligatoria será prorrogada por cinco días más, extendiéndose hasta el 16 de marzo. En este contexto, se advirtió que la sanción busca "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente", además de "preservar el diálogo, evitar la profundización del conflicto y favorecer el cumplimiento de las obligaciones laborales".

Este doble revés —judicial y gubernamental— deja a Javier Madanes Quintanilla en una posición cada vez más cuestionada. Mientras tanto, cerca de 380 trabajadores resisten las presiones para aceptar acuerdos individuales, mientras otros ya accedieron a indemnizaciones bajo un marco legal más favorable anterior a la reforma laboral.