En el centro de la tormenta
11 Marzo de 2026 10:02
A más de un año del estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA, la investigación judicial que busca determinar si existieron negociaciones incompatibles y posibles maniobras fraudulentas vinculadas al presidente Javier Milei vuelve a quedar envuelta en polémica. Esta vez, el foco está puesto sobre el fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por querellantes, abogados y especialistas por el manejo de una pericia informática considerada clave para esclarecer el caso.
El malestar con Taiano no es nuevo. Desde diciembre pasado una de las querellas de la causa -representada por el denunciante Martín Romeo- ya había pedido su apartamiento del expediente por la falta de avances y la ausencia de respuestas a distintos planteos procesales. El pedido fue rechazado por el propio fiscal y respaldado por el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi.
Entre los cuestionamientos se señalaba que el fiscal había evitado avanzar con medidas centrales de la investigación, como la citación a indagatoria de los principales imputados. Taiano respondió entonces que todos los planteos habían sido contestados y que, a su criterio, no existían motivos para convocar a declarar a los involucrados. El punto de mayor tensión surgió a partir del análisis de dispositivos electrónicos secuestrados a dos imputados de la causa, los empresarios Mauricio Novelli y Sergio Morales. La tarea fue encomendada a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo especializado del Ministerio Público.
Las expectativas eran altas: el contenido de esos teléfonos podía arrojar luz sobre uno de los interrogantes centrales del expediente, es decir, si existió un acuerdo reservado entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, creador del token $LIBRA. Según la investigación, el mandatario habría difundido en su cuenta de X el contrato inteligente que permitía comprar la criptomoneda el 14 de febrero de 2025, lo que impulsó una ola de inversiones antes del colapso del activo. Sin embargo, el resultado de la pericia se mantuvo durante semanas envuelto en hermetismo.
El informe técnico de 35 páginas fue finalmente incorporado al expediente el 24 de febrero de este año. Pero lo que generó indignación entre las querellas fue el tiempo que demoró el fiscal en subir siquiera un resumen del estudio al sistema judicial. De acuerdo con los registros del expediente, la titular de la DATIP, Romina del Buono, había remitido la información a la fiscalía el 9 de enero de 2026. Taiano tardó 22 días en cargar el extracto en el sistema Lex 100 y, aun así, el documento publicado sólo contenía una síntesis del trabajo. Los datos centrales quedaron en anexos que el fiscal decidió mantener bajo reserva.
El escándalo escaló cuando la abogada y periodista Natalia Volosin hizo público el borrador de un supuesto acuerdo entre Milei y Davis junto con un comprobante de una transferencia por 250 mil dólares realizada por María Pia Novelli -hermana de Mauricio Novelli- a favor de Kelsier Group Latam, la firma del empresario estadounidense. Según Volosin, esos documentos habrían sido encontrados en la pericia informática y estarían en poder de la fiscalía desde noviembre del año pasado, aunque no aparecen en el expediente. La abogada también denunció públicamente al fiscal por haber expuesto sus datos personales al notificarla como testigo.
A través de sus redes sociales, manifestó: "Para notificarme, TAIANO me tiró Renaper y NOSIS, los incorporó al Lex y mandó a notificar a las partes. Es decir, le informó mi domicilio y todos mis datos personales a los imputados. Lo hago personalmente responsable de cualquier consecuencia que pueda sufrir por ello". En otro mensaje, redobló las críticas: "Esto, además de una jugada sucia de un fiscal sucio, viola los derechos y protecciones establecidos para víctimas y testigos de delitos en los términos de la ley 27.372. No descarto solicitar medidas al respecto y evaluaré formular denuncia penal correspondiente".
Y sumó: "Mi domicilio lo conoce Recursos Humanos de la hononorable institución a la que desprestigiás cada día, TAIANO. COBARDE. Y la policía me notificó en cinco minutos. No hacía falta el NOSIS ni el Renaper. Y mucho menos exponerle mis datos personales a los imputados. En los países serios que les gustan a ustedes, los periodistas que investigan corrupción son protegidos por el Poder Judicial y los fiscales que deben PERSEGUIR DELITOS. En la Argentina se los amedrenta y se les exponen sus domicilios a las organizaciones criminales. Me cuenta una persona también citada en $LIBRA que la contactaron por WhatsApp y luego por mail".
En ese sentido, Volosin aclaró: "A mí me mandaron a la poli, me tiraron la notificación por abajo de la puerta, tuve que ir a la comi, me notifiqué y ahora me entero de que me investigaron y les dieron mis datos a los imputados. No se nota nada, chicos". El hecho de que parte del material reservado circule en medios de comunicación mientras las partes del expediente no pueden verlo disparó nuevas sospechas. "Podríamos estar en presencia de una posible filtración de información, ya que las partes constituidas y con acceso al expediente no podemos visualizar los anexos del informe pericial confeccionado por la DATIP", advirtió Romeo en una presentación judicial.
Sin embargo, remarcó, "en los sitios web públicos sí aparece esa información". Las querellas también reclamaron poder acceder a los anexos completos de la pericia para ejercer control sobre la investigación. Desde el espacio que representa al diputado nacional Juan Grabois fueron aún más lejos y denunciaron que la situación implica "una vulneración directa al derecho al control de la investigación que la ley reconoce a esta parte". Incluso solicitaron al procurador general interino Eduardo Casal que designe un equipo de fiscales que acompañe a Taiano para que el expediente no quede bajo la conducción exclusiva del funcionario.
Mientras tanto, el expediente sigue acumulando interrogantes. Entre ellos figura el rol del empresario Davis y los movimientos millonarios detectados tras una reunión en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025. Apenas 42 minutos después de ese encuentro, Davis transfirió más de un millón de dólares en criptomonedas a una billetera vinculada a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado argentino de 75 años cuya identidad y paradero real siguen siendo un misterio. Cuando la Justicia intentó notificarlo en el domicilio declarado en Tigre descubrió que la dirección simplemente no existía.
A pesar de las irregularidades detectadas, Mellino continúa incorporado formalmente a la causa. Frente a las críticas, fuentes judiciales cercanas a Taiano sostienen que el informe elaborado por la DATIP contiene un volumen de información demasiado grande para ser cargado en el sistema judicial habitual y que el fiscal planea poner el material a disposición de las partes en un disco rígido externo. Antes de hacerlo, sin embargo, deberá resolver el pedido de la defensa de Novelli para que se excluya del expediente información privada que no tenga relevancia para la causa. Mientras tanto, el fiscal sigue sin responder formalmente a la batería de planteos que se acumulan en el expediente. Y con cada semana que pasa, la causa $LIBRA parece avanzar más lento que las sospechas que la rodean.
