La Libertad Avanza con la privatización de AySA: ¿Cómo se definirán las tarifas para los usuarios?

Desesperación por los dólares es lo que se huele en la gestión de La Libertad Avanza y hoy, jueves 14 de mayo, el Gobierno Nacional decidió avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una empresa clave que abastece de agua potable y cloacas a millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. 

La medida, comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca recaudar aproximadamente 500 millones de dólares mediante la venta del 90% del paquete accionario de la empresa estatal a un "operador estratégico", mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores. 

Según fuentes cercanas al proceso, se exigirá que la empresa adjudicataria tenga experiencia en la operación de servicios públicos, aunque no necesariamente en agua y saneamiento. Claro que en esta cruzada, Caputo defendió la iniciativa argumentando que permitirá "impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos".

Además, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el ministro aseguró: "Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento". Además, concluyó con una promesa contundente: "Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos".

Sin embargo, las palabras del ministro no han logrado disipar las inquietudes sobre cómo se garantizará que estas mejoras lleguen efectivamente a los usuarios y sobre qué sucederá con las tarifas una vez que AySA esté bajo control privado.

Y, el de las tarifas es uno de los puntos más sensibles en esta operación. Pero para entender el cuadro de situación hay que saber que actualmente, AySA tiene vigente una fórmula aprobada por la Secretaría de Obras Públicas, que ajusta las tarifas mensualmente según variables como los salarios, los precios mayoristas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el contexto inflacionario rompió este modelo. 

Si bien el Ministerio de Economía dispuso que los aumentos tarifarios no superaran el 1% mensual durante 2025 -lo que generó un atraso tarifario significativo del 21% hacia diciembre de ese año- para corregir este desfasaje, se permitió un incremento del 4% mensual entre enero y abril de 2026, pero la inflación continuó erosionando los ingresos de la empresa. Finalmente, en mayo de 2026, se estableció que las subas no podrían superar el 3% mensual hasta agosto, con el objetivo declarado de "ayudar a la desaceleración de la inflación".

Sin embargo y a pesar de estos esfuerzos, AySA enfrenta un déficit de 205.000 millones de pesos, lo que lleva a la concesionaria a solicitar ajustes tarifarios más agresivos que, palabras más palabras menos, se traducirá en subas que todavía no están previstas y que con la idea de la privatización llevan a un completo gris. 

Es menester recordar que la cobertura actual de AySA supera el 85% en agua potable y el 70% en cloacas, cifras que reflejan una gestión estatal con capacidad para atender a una amplia población en áreas urbanas densamente pobladas. Sin embargo, la pregunta del millón es: ¿podrá una empresa garantizar estos objetivos sin afectar negativamente a los usuarios, sobre todo los de sectores históricamente vulnerados?