Menos reclamos, más restricciones
11 Diciembre de 2025 10:51
El presidente Javier Milei volvió al país esta mañana y no perdió un minuto: apenas bajó del avión oficial ARG-01, tras su viaje a Oslo para presenciar la entrega del Premio Nobel de la Paz, firmó el proyecto de Reforma Laboral que su gobierno intenta imponer antes del cierre del año legislativo. Lo hizo en una oficina del sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, rodeado de cámaras oficiales y musicalizado por AC/DC. En el video, difundido por la cuenta oficial de Presidencia, se lo escucha decir: "Por más crecimiento, más prosperidad, por más trabajo y para que la Argentina sea grande nuevamente. ¡Viva la Libertad, carajo!".
Mientras esto ocurría, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo observa a su lado. Pero detrás del show y la épica rockera, el contenido del proyecto abre un frente de conflicto mayúsculo. La reforma, que el Gobierno denomina eufemísticamente "modernización laboral", introduce cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo, flexibiliza vacaciones, habilita un banco de horas, abre la puerta a fondos de cese más baratos para los empleadores, recorta protecciones sindicales y debilita derechos adquiridos. En síntesis: un replanteo integral del sistema laboral argentino que hará retroceder condiciones establecidas durante décadas.
Milei viajó a Noruega para intentar mostrarse junto a María Corina Machado, la líder opositora venezolana distinguida con el Nobel. Sin embargo, el encuentro nunca ocurrió debido a la demora de Machado. El propio Gobierno admitió que el Presidente canceló actividades "para dejarle el espacio" ante la incertidumbre sobre su llegada. De regreso al país, la prioridad ya no era el Nobel, sino acelerar la reforma. El proyecto fue enviado al Senado esta mañana y, según fuentes legislativas, la Casa Rosada pretende que la discusión se inicie la semana próxima. Patricia Bullrich, flamante jefa de bloque de LLA en la Cámara alta, presiona para lograr una media sanción exprés.
El oficialismo esperaba debatirlo entre jueves y viernes, pero las constantes modificaciones del texto -que incluso demoraron su ingreso- obligaron a retrasar la presentación. Aun así, Bullrich aspira a aprobarlo en los próximos días, a contrarreloj, antes de que finalicen las sesiones extraordinarias el 30 de diciembre. En Diputados, en cambio, ya reconocen que no habrá tratamiento durante 2025. Aunque la letra chica se conocerá de manera oficial en las próximas horas, los borradores muestran un rumbo claro: abaratamiento del despido, flexibilización horaria, debilitamiento sindical y reducción de la judicialización.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto "apunta a reducir los costos laborales, promover la creación y formalización del empleo, incentivar nuevas inversiones y simplificar la carga administrativa". Pero, en los hechos, muchas de las modificaciones implican retrocesos en la protección de los trabajadores. Entre los cambios más sensibles se destacan: La reforma permite fraccionar las vacaciones en tramos nunca menores a 7 días y habilita acuerdos individuales para modificar las fechas.
Aunque garantiza al menos un descanso en verano cada tres años, la medida favorece a los empleadores en la organización de los períodos, limitando previsibilidad y estabilidad para el trabajador. Se reafirma que la indemnización por despido sin causa será la única reparación posible, excluyendo demandas civiles. Se habilita además la creación de fondos sectoriales para solventar despidos, lo que, en la práctica, abarata aún más el costo del cese laboral.
Se modifican topes y bases de cálculo, siempre bajo el objetivo de reducir el monto a pagar. El Gobierno amplía la lista de "beneficios sociales" no remunerativos sin aportes ni contribuciones. Esto puede derivar en salarios más fragmentados y menores ingresos futuros para jubilación y obra social. La reforma elimina la aplicación extensiva de los convenios colectivos y limita su ultraactividad. Es decir, cuando vencen, dejan de regir si no se acuerda una prórroga.
El Gobierno también permite que los CCT reemplacen el régimen indemnizatorio tradicional por fondos sectoriales. Entre las medidas más polémicas, se incluyen: Reducción del crédito horario de delegados a 10 horas mensuales; Obligación de pedir autorización para realizar asambleas; No remuneración del tiempo de asamblea; Limitaciones para que eventuales ocupen cargos con tutela sindical; Freno a deducciones automáticas sin consentimiento; Tipificación como infracciones graves de bloqueos y tomas de establecimientos y un endurecimiento explícito hacia la actividad gremial.
Se impone un sistema de documentación laboral 100% digital y un registro único ante ARCA, lo que concentra información y control en manos del Gobierno, generando nuevas asimetrías entre trabajadores y empleadores. Para casas particulares: período de prueba de seis meses. Para trabajo agrario: período de prueba de ocho meses. En ambos casos, se habilita la desvinculación sin indemnización en ese lapso. La reforma surgió del Consejo de Mayo, que convocó a gobernadores, empresarios y sindicatos. Sin embargo, la participación sindical fue mayoritariamente crítica y el contenido final refleja sobre todo las pretensiones del Ejecutivo: reducir costos y limitar la conflictividad laboral. El oficialismo apuesta al tratamiento en el Senado antes del recambio legislativo y pretende un trámite acelerado en comisiones.
Aspira a cerrar el debate recién a inicios de 2026, junto con otros proyectos clave como la Ley de Glaciares, la Estabilidad Fiscal y la reforma del Código Penal. Mientras tanto, la Casa Rosada intenta instalar que se trata de un paso necesario hacia la "modernización". Pero para amplios sectores laborales y sindicales, el diagnóstico es opuesto: una reforma a contramano de la protección vigente, acordada sin consenso real y presentada con una puesta en escena que esconde un recorte profundo de derechos.
