Dramático
30 Diciembre de 2025 13:48
A solo dos días de terminar el 2025, el gobierno comunicó una bomba que pensó podría pasar desapercibida en épocas festivas: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como organismo independiente y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada. Allí aclaró que esta decisión no implicará la baja de pensiones por discapacidad ni el recorte de prestaciones para los beneficiarios: "La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", sentenció.
Según explicó Adorni, el organismo se creó en 2017 como un organismo descentralizado con el fin de "coordinar las políticas públicas en discapacidad". Con el paso del tiempo y debido a la independencia administrativa con la que contaba, sostuvo que "acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente".
Al justificar el traspaso de funciones, el político afirmó que integrar la atención de la discapacidad dentro del Ministerio de Salud permitirá "administrar las políticas de discapacidad de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades".
En ese sentido, añadió que se buscará garantizar la trazabilidad de los expedientes, implementar auditorías permanentes y aplicar criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica de la agencia.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo de la transformación es "ordenar el sistema", garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, así como fortalecer equipos y servicios para usuarios y sus familias, sin afectar derechos ni prestaciones vigentes.
Esta decisión se conoció a días del debate en el Senado por el Presupuesto 2026, un proyecto que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, aunque no sin tensiones. En ese recinto, el oficialismo sufrió un revés cuando fue rechazado uno de los capítulos de la iniciativa que incluía un artículo para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
De acuerdo con lo aprobado, en 2026 todos los ministerios recibirán menos recursos en términos reales que en 2025, con una única excepción: el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, responsable de las políticas de desregulación, que contará con un incremento real del 80% en sus partidas presupuestarias.
En contraste, el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advierte una caída real del 10,6% en los fondos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada principalmente por un recorte estimado de 155 mil beneficios. Cabe recordar que el proyecto oficial incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que garantizaba aumentos específicos para el sector, pero esa propuesta fue finalmente rechazada por la Cámara de Diputados.
Caso Spagnuolo
Cabe recordar que la causa que involucra a Diego Spagnuolo puso bajo la lupa el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y desató una fuerte polémica por presuntas irregularidades en la gestión de fondos y beneficios destinados a personas con discapacidad. La investigación judicial apunta a posibles maniobras de fraude, abuso de autoridad y administración indebida de recursos públicos, en un organismo clave del Estado encargado de garantizar derechos básicos.
Según lo que trascendió en el expediente, el foco está puesto en decisiones administrativas que habrían favorecido a determinados actores, generando perjuicios tanto al Estado como a beneficiarios del sistema. El caso encendió alarmas por la falta de controles internos y por el impacto directo que estas prácticas podrían haber tenido sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Fue en este caso que no sólo se vieron involucrados trabajadores de ANDIS, sino también la propia Karina Milei, que según los audios filtrados había un presunto mecanismo de cobro de sobornos vinculado a la compra y provisión de medicamentos, con un sobreprecio estimado del 8 %, del cual un 3 % habría sido derivado a la Secretaría General de la Presidencia.
Mientras la Justicia avanza con medidas de prueba y toma de declaraciones, la causa Spagnuolo se convirtió en un nuevo capítulo de tensión política y social, con reclamos de transparencia, auditorías profundas y responsabilidades claras dentro de ANDIS. El desarrollo del expediente podría derivar en imputaciones formales y en cambios estructurales en el organismo.
