Con la excusa de "dar más transparencia"
03 Noviembre de 2025 09:23
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó este lunes una doble medida que impactará directamente sobre millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires: un nuevo aumento de tarifas para Edenor y Edesur y un cambio en el sistema de facturación, que pasará de bimestral a mensual. La resolución 730/2025, publicada en el Boletín Oficial, dispone que a partir de este mes las empresas deberán medir y facturar el consumo de energía cada 30 días.
Según el organismo, la modificación busca brindar una "señal más clara, transparente y oportuna del consumo", permitiendo a los usuarios "un mejor control y autogestión" de su economía doméstica. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y las buenas intenciones, la medida se inscribe en una serie de disposiciones del Gobierno nacional que, bajo la bandera de la "actualización de precios relativos", continúan ajustando el valor de los servicios públicos.
De hecho, este mismo lunes el ENRE aprobó un incremento del 3,53% para los usuarios de Edesur y del 3,6% para los de Edenor, en concepto de "Costo Propio de Distribución" (CPD). La suba, que se aplica desde el 1° de noviembre, responde a la instrucción de la Secretaría de Energía -dependiente del Ministerio de Economía- de seguir actualizando las tarifas en el marco de la "emergencia energética y económica" vigente desde diciembre de 2023.
El nuevo esquema tarifario también redefine el precio de los componentes que integran la factura eléctrica: el Precio de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte (PET), todos fijados por la Secretaría de Energía para el período noviembre 2025-abril 2026. Aunque el Gobierno asegura que el cambio en la metodología de facturación "ayudará a los hogares a tener mayor previsibilidad", lo cierto es que la medida podría generar en el corto plazo ajustes y superposiciones en las boletas, que se sentirán con más fuerza en un contexto de aumentos generalizados.
El propio ENRE admitió la posibilidad de un "Período de Transición" durante el cual podrían generarse "ajustes o saldos remanentes" entre el viejo y el nuevo sistema. Para morigerar el impacto, las empresas deberán ofrecer planes de pago sin intereses ni anticipos, y dividir los ajustes en al menos dos facturas, bajo la leyenda "Ajuste migración mensual". Además, se establece que no podrán realizar cortes de suministro por falta de pago de esas facturas transitorias.
Sin embargo, los antecedentes recientes de Edenor y Edesur -ambas con largos historiales de reclamos por errores de medición, cortes y cobros indebidos- siembran dudas sobre la verdadera "protección al usuario". De hecho, el ENRE rechazó el pedido de las distribuidoras de ser eximidas de multas por facturación estimada, lo que revela que ni siquiera el organismo confía plenamente en el cumplimiento efectivo del nuevo esquema. El interventor del ENRE, Néstor Marcelo Lamboglia, reconoció que la migración podría generar "un impacto económico transitorio en las facturas", aunque consideró que "en definitiva redundará en beneficios para los usuarios".
Se trata de una argumentación que, en medio de la caída del poder adquisitivo y del encarecimiento de los servicios esenciales, suena más a justificación técnica que a defensa real de los consumidores. El cambio de periodicidad, además, está vinculado a la futura implementación de medidores inteligentes, un proyecto impulsado por el Gobierno en su política de "modernización energética".
En los hechos, esto implicará un mayor control digital sobre el consumo de los usuarios y una gestión más automatizada del sistema, pero también plantea interrogantes sobre la privacidad y el costo de actualización tecnológica, que -según aclara el propio ENRE- no será reconocido en las tarifas, quedando a cargo de las empresas. Por otra parte, las nuevas resoluciones mantienen la segmentación por niveles de ingreso (N1, N2 y N3) y ordenan identificar en las boletas el "Subsidio Estado Nacional" y el "Costo del Mercado Eléctrico Mayorista". Así, cada usuario podrá ver cuánto cubre el Estado y cuánto paga realmente.
