Precarización de derechos
15 Septiembre de 2025 13:42
El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva polémica por su manejo de las políticas de protección social. Esta vez, la polémica se centra en la suspensión masiva de pensiones no contributivas por invalidez en Catamarca, medida que un juez federal consideró irregular y lesiva para un colectivo especialmente vulnerable. La cautelar dictada por el magistrado Guillermo Díaz Martínez ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer de inmediato la totalidad de los pagos suspendidos y abonar los haberes retenidos, prohibiendo además continuar con auditorías bajo la normativa cuestionada hasta que haya sentencia definitiva.
La acción legal fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), acompañada por seis titulares de pensiones afectadas y patrocinada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca. Según el amparo, el decreto 843/24, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones, establece criterios más restrictivos como la exigencia de una incapacidad total y permanente del 66% y la falta de un vínculo laboral registrado, vulnerando los principios de progresividad y no regresividad reconocidos por la Constitución. Los afectados denunciaron además que el proceso de auditorías se realizó de manera irregular.
Entre las irregularidades y barreras inconstitucionales en la aplicación del decreto 843/24, destacaron notificaciones defectuosas, falta de personal, distancias excesivas hasta los centros de atención y plazos exiguos para asistir a las revisiones. Incluso quienes se presentaron se encontraron con la imposibilidad de completar el trámite, agravando la violación del derecho al debido proceso y evidenciando una intención de reducir costos a costa de derechos básicos de personas con discapacidad. El fiscal federal Santos Reynoso ya había avalado la procedencia del amparo, destacando la legitimación de los demandantes y la urgencia de la medida.
La decisión judicial, tomada sin previo aviso al Estado Nacional debido al carácter alimentario de las pensiones, subraya la gravedad de la vulneración y el riesgo de daño irreparable para los beneficiarios. Esta medida en Catamarca se suma a otra similar en La Rioja y se produce después de que el Senado rechazara el veto presidencial de Milei a la ley de emergencia en discapacidad, demostrando un patrón de desprotección de derechos sociales bajo la actual gestión. Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos advierten que la política de restricciones y auditorías agresivas amenaza la subsistencia de cientos de personas que dependen de estos haberes para cubrir necesidades básicas, evidenciando un gobierno más preocupado por reducir gastos que por garantizar derechos.
Mientras la ANDIS deberá acatar la orden judicial, el episodio deja en evidencia la falta de previsión y sensibilidad social del Ejecutivo frente a sectores vulnerables y la necesidad de un control judicial que limite arbitrariedades administrativas. El caso de Catamarca podría servir de precedente para otras provincias, consolidando la percepción de un gobierno que, lejos de proteger, precariza la vida de quienes más dependen del Estado.
