Cada vez más frágil
20 Abril de 2026 12:49
La tensión entre las provincias y la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo con el deterioro del PAMI, cuya deuda creciente y recortes en las prestaciones están empujando a miles de jubilados hacia los sistemas públicos provinciales, hoy al borde de la saturación. Lo que comenzó como reclamos aislados se transformó en un frente federal que expone un problema estructural: el Estado nacional reduce su rol mientras las jurisdicciones absorben el costo sanitario y social.
El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue contundente al advertir: "Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga", en referencia a los $50.000 millones que el organismo adeuda a su provincia. Desde Córdoba, Martín Llaryora endureció el tono: "No se escondan más, pongan la cara y los recursos". Las cifras respaldan la gravedad: en esa provincia, la deuda mensual oscila entre $1700 y $1800 millones, mientras los municipios cargan con $9000 millones en medicamentos de alto costo. En Santa Fe, uno de cada cuatro pacientes con cobertura que se atiende en hospitales públicos es afiliado al PAMI.
En Misiones, el traslado al sistema estatal supera el 30%, mientras que en Neuquén la situación es directamente crítica: dos de cada tres beneficiarios dependen del sector público. En San Juan, el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados del instituto. La postal se repite en todo el país: clínicas privadas que restringen turnos, hospitales públicos colapsados y jubilados que quedan en el medio. Pese a este cuadro, desde la conducción del PAMI buscan relativizar la crisis. Su titular, Esteban Leguízamo, aseguró que "no hay corte de servicios" y que la prestación "sigue en forma normal".
Sin embargo, los datos oficiales contradicen ese optimismo: el gasto en prestaciones cayó un 41,3% en términos reales en el primer trimestre del año, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La eliminación del impuesto PAIS -que financiaba el 28% del organismo- agravó un esquema ya debilitado, obligando al Tesoro a cubrir parcialmente el faltante. La discusión no es solo financiera, sino también política. Especialistas coinciden en que el sistema arrastra un "desfinanciamiento estructural" que se profundiza con el envejecimiento poblacional y la precarización laboral. "El problema se irá agravando", advierten,
Cabe destyacar que el propio diseño del sistema expulsa a los jubilados de sus obras sociales de origen y los concentra en el PAMI sin una planificación acorde. Mientras tanto, el conflicto escala en la base del sistema. Médicos de cabecera realizaron un paro nacional de 72 horas tras denunciar un recorte salarial del 50% producto de la resolución 1107/2026. El nuevo esquema fija honorarios de $2100 por consulta, eliminando adicionales que sostenían gran parte de sus ingresos. "Les asignan hasta 1000 pacientes por profesional, una cifra imposible", advierten desde el sector.
La consecuencia es directa: renuncias, pérdida de continuidad en la atención y un sistema sin puerta de entrada para los afiliados. Los testimonios recogidos en distintas provincias describen una realidad alarmante: demoras de meses para estudios, falta de medicamentos, escasez de insumos básicos y pacientes que permanecen internados durante meses por falta de vacantes en geriátricos. "El gran negocio es la enfermedad, no la salud", sintetizan desde organizaciones de la tercera edad, denunciando la ausencia de políticas preventivas.
Desde el sindicalismo, las críticas son aún más duras. "El PAMI no se desguaza ni se entrega, el PAMI se defiende", advirtieron desde ATE, que también denunció cesantías, precarización laboral y un deterioro generalizado de las condiciones de atención. En Rosario, una referente fue más allá: "Lo que está haciendo el gobierno es un genocidio contra los jubilados: los están dejando morir". En paralelo, el Gobierno intenta contener el conflicto con anuncios de regularización de pagos -sin precisiones concretas- y disputas internas sobre responsabilidades. Mientras la ministra Sandra Pettovello se desligó del tema, el ministro de Salud, Mario Lugones, negocia fondos con Economía en un intento por descomprimir una crisis que ya se instaló en la agenda pública y en el Congreso. El ajuste fiscal encuentra en el PAMI un terreno sensible donde el recorte no solo impacta en números, sino en vidas concretas. Jubilados sin atención, médicos que abandonan el sistema y provincias que sostienen lo que la Nación deja caer.
